jueves , 14 de noviembre, 2019

La ONU pidió explicaciones a Macri por “intimidar y perseguir a la Justicia”

El organismo denunció “la existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina” y  dio al Gobierno un plazo de 60 días para hacer su descargo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado argentino explicaciones sobre presuntas intimidaciones y persecuciones a la Justicia durante la administración de Mauricio Macri.

El organismo dio al Gobierno un plazo de 60 días para que responda, por lo que, si el líder de Juntos por el Cambio no lo hace, la respuesta oficial estará a cargo de la gestión de Alberto Fernández.

La denuncia, dirigida al ministro de relaciones Exteriores Jorge Faurie, menciona una serie de hechos como presiones, persecución y designación de jueces amigos, puntualmente la causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, entre otros casos.

“He recibido respecto a la presunta existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina… De acuerdo a dichas alegaciones dicho supuesto plan se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente. Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, detalla el texto de Naciones Unidas.

Sobre el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, alegan que “la coalición gobernante habría obtenido una mayoría política en el Consejo de la Magistratura, a partir de la designación como miembro del Consejo, del Diputado Pablo Gabriel Tonelli, en febrero del 2016. Por medio de dicha mayoría en el Consejo, el poder ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses”, dicen.

“Se habría también utilizado la Comisión de Selección de Magistrados para la selección de determinados magistrados. Para este fin, presuntamente la Comisión paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno; y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación, tales
como la competencia material y la jurisdicción territorial”.

El texto critica también la designación de dos jueces por decreto: “El 14 de diciembre de 2015, el poder ejecutivo resolvió por Decreto n° 83/2015 la designación de los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daneil Rosatti en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Según la información recibida dichos nombramientos se habrían realizado sin respetar los requisitos del proceso de selección y nombramiento de jueces de la Corte Suprema establecido en la legislación (entre otros por lo dispuesto por el Decreto 222/2003), tales como las audiencias públicas, la participación de la sociedad civil o la aprobación del Senado de la Nación. Dicha designación sería, por tanto unilateral, en condiciones precarias de legalidad y podría sugerir que dichos magistrados no estarían libres de conexiones o influencias políticas”, cita la denuncia.

Por otro lado, la ONU denunció ataques a la procuraduría de la nación, y explica que “la actual administración y otros actores solicitaron repetidas veces su renuncia e intentaron su destitución utilizando diversas estrategias para lograr su objetivo: presiones para que la Procuradora dejara el cargo; amenaza de vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal; declaraciones sobre la intención de llevar a cabo reformas institucionales por Decreto de necesidad y urgencia; intentos de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; e inicio de acciones judiciales por parte de ONGs afines al gobierno nacional”; cita el texto.

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