sábado , 7 de diciembre, 2019

La municipalidad debe pagar al híper Libertad $ 4,6 millones

Es por la expropiación de un terreno para la construcción de un colegio. El monto fue fijado según valores vigentes en 2010.

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba deberá indemnizar con 4.642.654 pesos (más intereses) al hipermercado Libertad por la expropiación del inmueble donde fue construido el Instituto Provincial de Enseñanza Media (Ipem) Nº 6.

La decisión fue adoptada por la Cámara 5º de Apelaciones en lo Civil y Comercial, indica la Justicia de Córdoba en su sitio oficial. El fallo de cámara, que tiene fecha del 22 de abril de 2013, elevó en ocho veces el valor en que había sido tasada la propiedad.

El tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de apelación planteado por la empresa contra la sentencia dictada por el Juzgado de 43º Nominación del mismo fuero.

Dicha sentencia, al hacer lugar a la demanda de expropiación inversa promovida por la firma, había fijado la indemnización en 519.829 pesos (más intereses), según valores calculado a marzo de 2003.

“La compañía había accionado judicialmente porque fue desposeída sin que, previamente, se fijara el monto que le correspondía en concepto de indemnización”, se indica en el comunicado oficial.

El 26 de junio de 2001, el Departamento Ejecutivo municipal promulgó la ordenanza que declaró de utilidad pública el inmueble y que autorizó a donarlo a la Provincia para que allí se levantara una escuela, construcción que comenzó en 2002.

En su voto, el vocal Rafael Aranda esgrimió que, por las peculiaridades del caso, procedía fijar el monto de la indemnización no según los valores vigentes en el momento de la desposesión (marzo de 2003), como lo hizo el juzgado de primera instancia, sino en una fecha posterior, finalmente establecida en mayo de 2010.

En ese sentido, el magistrado ponderó: “sería injusto estar al valor que los inmuebles tenían en ese momento (2003), cuando la descoordinación entre Municipio y Provincia jugó un rol más que relevante para que, a casi ocho años de la fecha de declaración de utilidad pública, la demandante (empresa) debiera recurrir a la vía judicial para conseguir que se fije el valor de la indemnización”.

 

(Fuente: La Voz del Interior)

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