viernes , 14 de diciembre, 2018

La Legislatura aprobó la Ley orgánica de la Policía Antinarcóticos

La nueva normativa determina la estructura organizacional, funcional y escalafonaria del organismo. Oficiará en toda la Provincia y estará bajo la órbita de la Justicia y será sujeta a un control parlamentario.

La Legislatura provincial aprobó la Ley orgánica de la Policía Antinarcóticos de Córdoba (Nº 10.200) que tiene como objetivo combatir el mercadeo de drogas ilícitas y que remplazará a la División de Lucha contra el Narcotráfico que actuará en todo el territorio provincial y dependerá de la Fiscalía General de la Provincia.

El legislador de Unión Por Córdoba (UPC), Sergio Busso, resaltó que la nueva fuerza no estará vinculada al poder político, lo que le otorgará mayor independencia y autonomía administrativa.

La conducción estará en manos del Ministerio Público, a través del Fiscal General, quien elegirá al director y al subdirector de la fuerza. No obstante, ambos cargos deberán ser aprobados por la Legislatura, lo que implica que, por primera vez, habrá un control parlamentario.

La ley propone, además, una capacitación diferenciada para los uniformados que integren la nueva fuerza. A su vez, deberán presentar una declaración jurada patrimonial anual, como así también su cónyuge o conviviente. Por otro lado, tendrán una dedicación exclusiva y no podrán hacer adicionales, por lo que se trata de una fuerza que percibirá una remuneración mayor que la de un efectivo común.

Finalmente, se prevé la creación de una comisión legislativa integrada por representantes de todas las fuerzas políticas, cuya finalidad será el control del funcionamiento de la fuerza.

Apoyo del radicalismo

El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) aprobó con algunas observaciones la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), promovida por medio de la ley 10.200 y que reemplazará a la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.

“Como lo dijimos al apoyar la formación de la policía especializada para combatir el narcotráfico, creemos que esta es una medida necesaria pero no suficiente para resolver el difícil tema del narcotráfico en Córdoba. Sostenemos que se necesitan políticas públicas integrales y un plan de seguridad que involucre a todos los sectores sociales que estén involucrados en el tema”, advirtió la legisladora radical Olga Rista.

“En aquella ocasión, el oficialismo aceptó introducir modificaciones a la ley del Ejecutivo, como lo fue la formación de una comisión legislativa para el seguimiento y control de la lucha contra la comercialización de las drogas, que está funcionando en este ámbito”, añadió la parlamentaria radical.

El bloque de la UCR había presentado en su momento sugerencias de modificación para optimizar la estructura orgánica de la FPA, algunos han sido tenidos en cuenta por el oficialismo y tienden a dar mayor certeza jurídica. Tal el caso del nuevo artículo 50 referido a las licencias allí mencionadas las que se regirán por las disposiciones de la ley 9.905 y su decreto reglamentario.

De igual manera las modificaciones introducidas en el título referido a la extinción de la relación del empleo y la nueva redacción del artículo 72, del que surge la estructura de conducción y administración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la designación de los directores generales por el Poder Ejecutivo a propuesta del Fiscal General de la Provincia, que no figuraba en el texto original.

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