martes , 22 de octubre, 2019

La justicia ratificó la legalidad del uso de armas de fuego por fuerzas de seguridad

El juez federal de Junín rechazó un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la medida.

El juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, ratificó ayer la constitucionalidad del protocolo de uso de armas para las fuerzas de seguridad federales dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

De esta forma, el magistrado rechazó un recurso de amparo que presentó la Asociación Linqueños por los Derechos Humanos, para que se declare la inconstitucionalidad de la norma al considerar que la denuncia es “parcial, arbitraria e inexacta” ya que “ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestiona”.

“El reglamento respeta las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución N° 34/169, ajustándose tanto a su letra como a su espíritu”, afirma el fallo.

“El reglamento no contiene normas que afecten ilegítimamente los derechos a la vida y a la integridad física de los habitantes de nuestro país”, entendió el juez.

Además, Plou dictaminó que los denunciantes deberán hacerse cargo de los honorarios del abogado Geremías I. Mémoli, representante del ministerio de Seguridad fijado por la Justicia fijó en 100 mil pesos.

Cabe recordar que mediante la resolución 956/2018, que crea el “Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, se autoriza a la Policía a utilizar armas en casi todo tipo de hecho delictivo y a disparar contra una persona que huye.

 “Sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”, se indica en el Artículo 1 del Reglamento.

Sin embargo, el artículo 5, inciso F, establece que se podrá hacer uso del arma de fuego cuando la persona “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.

Por su parte, el artículo 2 autoriza hacer uso de las armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos; en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad; o para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.

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