miércoles , 21 de agosto, 2019

La justicia ratificó la condena al Estado a pagar más de $ 5 millones por la explosión en Río Tercero

La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó un fallo de primera instancia.

La Cámara Civil y Comercial Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar con 5.462.817 pesos a víctimas y familiares de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995 donde siete personas fallecieron y unos 300 quedaron heridos.

La Sala Segunda del tribunal ratificó un fallo de primera instancia y dispuso el pago de una indemnización para nueve personas y los familiares de otras tres ya fallecidas, quienes sufrieron daños en sus casas y comercios cercanos a la Fábrica Militar, además de lesiones físicas y psíquicas.

“La gravedad de los acontecimientos producidos en la Fábrica Militar Río Tercero tuvo proyecciones mortificantes con aptitud para provocar, en quien los sufrió, alteraciones disvaliosas de su espíritu, merecedoras de una indemnización a título de daño moral”, concluyeron los jueces Alfredo Gusman y Graciela Medina.

Los jueces consideraron que el Estado es responsable por la explosión de la Fábrica Militar por tener bajo su responsabilidad el organismo en el que se detectaron “alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica”.

La Cámara Civil y Comercial se basó en informes que concluyeron que los deterioros de las casas y negocios de las víctimas “originaron al producirse las fatídicas explosiones, siendo estos daños la causa que provocó la desvalorización de las propiedades”.

“Todos estos demandantes son personas portadoras de incapacidades absolutas y permanente significativas, que sufren múltiples dolencias tanto en su aspecto físico como psíquico”, concluyeron.

Esta sentencia se suma a otras que ya dictaron juzgados federales de Córdoba haciendo lugar a reclamos resarcitorios por las explosiones.

Semanas atrás, un fallo de la Corte Suprema terminó habilitando el pago a unos 500 riotercerenses que habían reclamado por daño moral, por una suma que en total representará unos 10 millones de pesos. La concreción de ese pago ya está en trámite ante el Estado nacional, que lo abonará en bonos.

En realidad son unos 12 mil los riotercerenses que iniciaron acciones judiciales civiles contra el Estado. Unos 10 mil están representados por un solo abogado, el cordobés Mario Ponce, en una megacausa de demandas por daño moral provocados por las explosiones.

(Fuente: La Voz del Interior)

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