miércoles , 18 de septiembre, 2019
rafael sosa - La Voz

La fiscalía pidió 15 años de prisión para Sosa por el narcoescándalo

Además, solicitó 12 años de prisión para Gustavo González y Alfredo Seine; 10 años para Fabián Peralta Dattoli; ocho años para Franco Argüello; cuatro años para Cristian Ingas; y un año para Mario Osorio. La sentencia se conocería la semana próxima.

El fiscal federal de Cámara, Abel Córdoba, solicitó ayer 15 años de prisión para el ex director de Lucha contra el Narcotráfico Rafael Sosa, al que acusó de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en el marco de la causa conocida como narcoescándalo.

En tanto, para Gustavo González como para Alfredo Seine, pidió 12 años de prisión; 10 años para Fabián Peralta Dattoli; ocho años para Franco Argüello; cuatro años para Cristian Ingas; y un año para Mario Osorio.

Además, el fiscal pidió la prohibición de ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la condena de cada uno de los imputados.

En su alegato, Córdoba remarcó que todos los acusados “manifestaron la voluntad de participar (…) incondicionalmente de esa asociación ilícita” a la vez que “todos eran miembros activos durante un tiempo (…). Asumieron distribución de roles (…) y ordenaron su conducta”.

Asimismo, el fiscal consideró que los imputados participaron de una asociación ilícita junto con Juan Francisco Viarnes, la cual era liderada por Sosa.

El caso se hizo público a fines de 2013 cuando la Justicia Federal detuvo a los sospechosos por supuestos vínculos con narcotraficantes de la provincia y comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Sosa “se valió de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia, con la intervención del personal subalterno para la comisión de delitos“.

Entre esos actos delictivos se descubrió “la generación de sumarios policiales basados en información falsa” y “la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)” que exigían dinero para “favorecer o agravar causas judiciales”.

Además, los imputados se encargaban de “plantar” estupefacientes para producir detenciones y realizar procedimientos policiales con secuestros de drogas que luego ellos mismos comercializaban.

Para la Justicia, estos efectivos generaban “informes ideológicamente falsos, detenciones ilegales, manipulaciones de las transcripciones de las intervenciones telefónicas y falsa información” con lo que engañaban a los fiscales y tribunales federales intervinientes.

La causa se ventila en el Tribunal Oral Federal N° 2, que preside el juez Miguel Vaca Narvaja, y la sentencia se conocería la próxima semana.

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