viernes , 18 de octubre, 2019
Rafael Sosa

La defensa de Sosa aseguró que el narcoescándalo “fue un invento”

Dijo la causa fue plantada por el kirchnerismo para perjudicar a De la Sota y aseguró que Viarnes es un agente encubierto de Inteligencia. Pidió la absolución del exjefe de Lucha contra el Narcotráfico.

El abogado defensor del comisario Rafael Sosa, Gustavo Franco, pidó ayer la absolución de su cliente, acusado por los delitos de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, en la causa conocida como narcoescándalo, al afirmar que la denuncia fue plantada por el kirchnerismo para perjudicar al ex gobernador José Manuel de la Sota.

En su alegato, el letrado dijo que “la acusación en contra de Sosa se desmoronó” y aseguró que “se trata de una fábula. Viarnes le vendió espejitos de colores a la Justicia“.

Asimismo, acusó al periodista y actual concejal Tomás Méndez de haber ideado “un plan para perjudicar a José Manuel de la Sota durante las elecciones legislativas del año 2013”.

Según el abogado, “ni Sosa ni el resto de los acusados tenían que ver con el plan ni contra quien iba dirigido. Fueron los chivos (expiatorios) que utilizaron para perjudicar” al ex gobernador.

“Es evidente que Viarnes tenía fines precisos, tenía actividades paralelas. Y es innegable su relación con (el ex secretario de Seguridad) Sergio Berni“, dijo Franco.

Ayer, el fiscal Abel Córdoba solicitó al pena de 15 años de prisión para Rafael Sosa, y 12 años de prisión para Gustavo González y Alfredo Seine, 10 años para Fabián Peralta Dattoli; ocho años para Franco Argüello; cuatro años para Cristian Ingas; y un año para Mario Osorio.

El caso se hizo público a fines de 2013 cuando la Justicia Federal detuvo a los sospechosos por supuestos vínculos con narcotraficantes de la provincia y comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Sosa “se valió de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia, con la intervención del personal subalterno para la comisión de delitos“.

Entre esos actos delictivos se descubrió “la generación de sumarios policiales basados en información falsa” y “la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)” que exigían dinero para “favorecer o agravar causas judiciales”.

Además, los imputados se encargaban de “plantar” estupefacientes para producir detenciones y realizar procedimientos policiales con secuestros de drogas que luego ellos mismos comercializaban.

Para la Justicia, estos efectivos generaban “informes ideológicamente falsos, detenciones ilegales, manipulaciones de las transcripciones de las intervenciones telefónicas y falsa información” con lo que engañaban a los fiscales y tribunales federales intervinientes.

La causa se ventila en el Tribunal Oral Federal N° 2, que preside el juez Miguel Vaca Narvaja, y la sentencia se conocería la próxima semana.

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