viernes , 14 de diciembre, 2018

La defensa de Márquez apelará la prisión preventiva

Se trata del abogado del ex comisario condenado a tres años de prisión por ordenar detenciones arbitrarias. Cuestionó que el tribunal no aplicó “el criterio de que no debe ser detenido hasta que la sentencia quede firme”.

El abogado defensor del ex comisario Pablo Márquez, Justiniano Martínez, anticipó ayer que pedirá que se revoque la prisión efectiva dispuesta por la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba contra su cliente, quien el jueves fue condenado a tres años de prisión por ordenar detenciones ilegales.

En declaraciones a Cadena 3, el letrado argumentó que la disposición “fue contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que al pronunciarse en el fallo Loyo-Fraire recomendó, en una suerte de orden para Tribunales inferiores, que se aplicara el criterio de que las personas no deben ser detenidas hasta que la sentencia quede firme”.

Es una persona que estaba permanentemente a disposición de la Justicia, en ningún momento hizo sospechar que pudiera eludirla, y fue condenado a una pena menor, tres años de prisión, frente a la pena de cinco o seis años que pedían los fiscales y querellantes”, enumeró Martínez y consideró que “eso implica que puede cumplir ocho meses y obtener la libertad, lo que da una pauta mayor que no va a eludir esa acción de la Justicia”.

Asimismo, el defensor del ex jefe de las CAP 8 manifestó que está “convencido que debió permanecer en libertad, el fallo no fue por unanimidad respecto a la detención”.

“Más allá de la inocencia o culpabilidad, había cuestiones técnicas que determinaban que el juicio no debía continuar, hay que ver primero el fundamento de la Cámara, y porqué rechazó mi planteo”, afirmó a la vez que señaló que “estoy seguro que la Cámara se apartó de la jurisprudencia que ha fijado en forma terminante la Corte y el TSJ”.

La Cámara Sexta del Crimen de Córdoba condenó el jueves pasado a Márquez por los delitos de coacción continuada y abuso de autoridad continuado, en el marco de la causa que se le inició por ordenar detenciones arbitrarias cuando fue jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) 8, en 2011, luego de ser denunciado por sus subordinados, quienes además lo acusaron de amenazar y sancionar como el recargo de horas de trabajo sin el pago de horas extra a quienes se opusieran.

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