sábado , 17 de agosto, 2019

La Corte rechazó recurso de la AFIP en el caso Ciccone

Es la primera vez que el máximo tribunal interviene en la causa, para desestimar de manera unánime la presentación del ente recaudador para que se aplicaran multas por deudas impositivas.

Por primera vez desde el inicio de la investigación por irregularidades en la transferencia de la ex Ciccone Calcográfica, la Corte Suprema de Justicia intervino en la causa que involucra a la imprenta de valores al rechazar un recurso presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En medio del enfrentamiento que mantiene el gobierno con la Corte por la decisión del Ejecutivo de impulsar una “democratización del sistema judicial”, la medida puede ser leída como un gesto político, ya que en el caso está supuestamente involucrado el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

De manera unánime, el máximo tribunal desestimó el recurso presentado por la AFIP contra la decisión de un tribunal fiscal de revocar las multas aplicadas a la ex Ciccone.

En la causa comenzada en diciembre del 2000, el ente recaudador le reclamaba a la ahora estatizada empresa que pagara el Impuesto a las Ganancias por giros realizados al exterior entre julio de 1995 y agosto de 1997. La penalidad pretendía cobrar el 70% del importe que la compañía había omitido por un trabajo de impresión de billetes para el Banco Nacional de Angola.

En primera instancia, el tribunal fiscal de la Nación había confirmado la infracción, pero cuesionó el monto que se pretendía cobrar. La AFIP apeló el fallo, que recayó en la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y tuvo una respuesta similar.

Ya en la Corte, el recurso fue nuevamente rechazado. Según informa Ámbito Financiero, los ministros del máximo tribunal alegaron que la entidad recaudatoria “no formuló una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados en las anteriores instancias, circunstancia que conduce a declarar la deserción del recurso”.

Tras la estatización de la empresa, la AFIP se desempeña como “sujeto expropiador” por las deudas que la actual Compañía de Valores Sudamericana mantenía con el Estado.

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