miércoles , 18 de septiembre, 2019

La Corte ratificó el procesamiento del presidente del Banco Central

El Máximo Tribunal desestimó una apelación y dejó firme la decisión de la Cámara de Casación, que dispone además un embargo sobre los bienes de Sturzenegger en el marco de una causa que investiga a exfuncionarios del gobierno de la Alianza por la operación financiera del 2001.

La Corte Suprema de la Nación ratificó el procesamiento al flamante presidente del Banco Central designado por Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, por la investigación que se lleva a cabo por los presuntos delitos económicos durante el denominado “Megacanje” en el gobierno de la Alianza.

En el marco de la polémica decisión financiera encabezada en su momento por el ex presidente Fernando de la Rúa, el economista ocupaba el mismo despacho en el que lo ubicó ahora la cúpula de Cambiemos.

De esta forma, Sturzenegger vuelve a estar procesado como “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, tal como lo había resuelto el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos a fines de diciembre de 2013. Esa resolución, que ahora vuelve al centro de la escena, disponía además un “embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos”.

El procesamiento dictado por Ramos fue revocado por la Sala Segunda de la Cámara Federal el 5 de junio de 2014. Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun dispusieron directamente los sobreseimientos de Sturzenegger, Carlos Federico Molina, Guillermo Eduardo Mondino, Jacobo Julio Dreizzen, Norberto Mauricio López Isnardi, Horacio Tomás Liendo, Ernesto Alberto Marcer y Jorge Amadeo Baldrich.

En todos los casos, la Sala Segunda aclaró que para todos los imputados “la formación de este proceso en su contra no debe afectar el buen nombre y honor de que gozaren”.

De todos modos, el sobreseimiento dejó en segundo plano un pedido de Sturzenegger para que la investigación por el Megacanje fuera declarada “prescripta”.

El fallo fue apelado por el fiscal general Germán Moldes, quien consideró que que “el marco probatorio permite acreditar que los agentes públicos involucrados en la maniobra denominada ‘Megacanje’”, entre ellos Sturzenegger, “desde sus funciones actuaron de manera venal, distrayendo la atención que requería el negocio público en detrimento de su correcta instrumentación y éxito”.

El 29 de abril pasado, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, anuló los sobreseimientos. Catucci sostuvo que las resoluciones judiciales “deben estar fundadas y esa garantía constitucional no fue observada en el frágil pronunciamiento atacado de desincriminación que adolece pues de una correcta evaluación”. El sobreseimiento, entonces, fue “prematuro, y sin los fundamentos necesarios para llegar a ese tipo de conclusión”.

El juez Riggi sostuvo que el sobreseimiento “carece de la debida motivación exigible a los fallos judiciales”. Y Ana María Figueroa lo descalificó: “Si se acepta como verdadera una conclusión, necesariamente antes deben ser expresadas las razones por las cuales se acepta tal conclusión, razones que no son otra cosa -en el proceso- que pruebas suficientes para llegar a la certeza de dicha conclusión”.

El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue una operación financiera que el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, llevó al presidente De la Rúa. La operación, planeada por David Mulford, amigo de Cavallo, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse First Boston, implicó para la Argentina un aumento de la deuda externa y para los siete bancos que participaron una ganancia de 150 millones de dólares en comisiones (20 de ellos, para Mulford).

En el juicio no se hurgó sobre la medida político-económica definida por el gobierno de la Alianza (un canje de 37 tipos de bonos cuyos vencimientos, por el momento del país, eran imposibles de cumplir por parte del Estado), sino por el supuesto beneficio -las comisiones- que en aquella colocación obtuvieron los bancos que intervinieron.

La investigación busca conocer la responsabilidad que tuvieron exfuncionarios, entre ellos Sturzenegger, en esa operación que le costó millones al Estado y le rindió también millonarias ganancias a los bancos. Sturzenegger está procesado como presunto “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

(Fuente: lmcordoba.com)

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