jueves , 21 de noviembre, 2019

La Cancillería argentina califica de “incomprensible y unilateral” la decisión de EE.UU. de cortar beneficios a las exportaciones

La Cancillería argentina calificó de “incomprensible y unilateral” a la decisión tomada este lunes por Estados Unidos “de reducir los beneficios comerciales”, que a nivel económico tiene escaso impacto en lo que respecta a los montos, ya que representa sólo el 0,1% del comercio bilateral.
“El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente”, agregó la cartera que conduce Héctor Timerman.
Al justificar la decisión de quitar a la Argentina del sistema de franquicia comercial para países en desarrollo, el presidente de EEUU, Barack Obama, tomó en cuenta la queja presentada por dos empresas estadounidenses -Azurix y CMS-Blue Ridge-, luego que el CIADI laudara en favor de éstas en el pleito entablado contra el país.
“He determinado apropiado suspender la designación de Argentina como país en desarrollo beneficiario del SGP -Sistema Generalizado de Preferencias- porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de Estados Unidos”, sostiene el documento que lleva la firma de Obama.
Esta desición tiene, en términos de la balanza bilateral, poco peso, ya que “reduce en solo 18 millones de dólares anuales las facilidades de acceso a dicho mercado, que en el 2011 registró un intercambio comercial de 18.000 millones de dólares en bienes y servicios”, precisó un comunicado del Ministerio de Industria.
Los exportadores argentinos utilizaban sólo el 52% del beneficio total de 30 millones de dólares concedido hasta el momento a la Argentina por esta franquicia.
Al respecto, una fuente gubernamental señaló a Télam que “era bastante engorroso hacer el trámite para obtener el beneficio”.
La Cancillería, a través de un comunicado de prensa, sostuvo que “las dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina”.
Enfatizó también que “tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina”.
A renglón seguido sostuvo que “la Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado Argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar”.
“Pero, además, resulta manifestamente incomprensible una decisión que reduce en alrededor de 18 millones de dólares los beneficios de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los 18000 millones de dólares y que es ampliamente superavitario para Estados Unidos”, agregó el comunicado de la Cancillería.
En el caso contreto de estas empresas, Azurix, ganó una demanda por 133 millones de dólares, y CMS Blue Ridge, por 165 millones de dólares.
La diferencia en torno a la existencia o no de “buena fe” de parte de Argentina pasa por la interpretación de dos artículos del CIADI respecto a los mecanismos para hacer efectivo el laudo.
La Argentina “rechaza claramente la interpretación ex post facto acuñada por Estados Unidos de que los laudos deben ser cumplidos voluntariamente por los Estados de conformidad con el artículo 53 del Convenio del CIADI”, dijo Argúello a principios de marzo, antes de que el gobierno de Obama diera a conocer la decisión.
En cambio, la Argentina toma en consideración para efectuar el pago el artículo 54 de dicho tratado, “que establece que ´los laudos se deben cumplir como si se tratara de una sentencia final de un tribunal local”, acotó el embajador.
Esto es, que la justicia argentina sea la que le indique al Ejecutivo el pago de la sentencia, que luego éste incluiría en el proyecto de Presupuesto local, que debe aprobar el Congreso.
Consecuentemente, para el país local “el inversor extranjero debe seguir el mismo procedimiento que sigue cualquier ciudadano que tiene una sentencia “final” contra el Estado nacional”.
En la medida comunicada por el gobienro estadounidense pesó el “lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión” sostuvo la Cancillería.
En particular los fondos NML de Elliott, EM, del multimillonario Kenneth Dart, que se negaron a ingresar a los canjes de deuda del 2005 y del 2010 e intentan obligar a que el país les pague sin quita -es decir, el 100%- de sus tenencias en bonos en default.

 

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