lunes , 27 de mayo, 2019
Ibarra despidos nación

La Administración Pública Nacional en el ojo del huracán

Desde el Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra, quien se encuentra a cargo, analiza a fondo la situación de la Administración Pública Nacional (no incluyendo provincias ni municipios).

Alrededor de 60.000 puestos están bajo la lupa de Ibarra, este número corresponde al 10% de los 600.000 puestos totales de la administración nacional de la actualidad.

El jefe de Gabinete Marcos Peña, recientemente en la conferencia que dio junto al ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, declaró que el “objetivo es fortalecer el Estado. La precarización laboral de los contratados, que son más de 60.000 lo que ha dejado el kirchnerismo, con muy malas condiciones para los trabajadores, son una muy mala forma de querer fortalecer el Estado. Después de muchos años de clamar que querían fortalecer el Estado lo que hicieron fue empobrecerlo en términos de capacidad y condiciones laborales”, apuntó.

Esto correspondería al llamado “Plan de Modernización del Estado” que anunciaría el Gobierno y en el cual se tomarán diferentes medidas que afectarán a los trabajadores del sector público estatal.

Cerca de 25.000 puestos de trabajo fueron otorgados a partir del 2012 en condiciones de precariedad, escudriñados detrás de una falsa legalidad. Los resultados de tales contratos dejan al empleado en situación transitoria, si bien gozando de recibos de sueldo, vacaciones y aguinaldos.

Peña señaló que ” la precarización de contratados es una mala forma de fortalecer el estado”.

El economista Orlando Ferreres sostuvo que “en el 2003 el personal de la Administración Pública Estatal (Estado, Provincias y Municipios) era de 2,4 millones de trabajadores mientras que en la actualidad llegan a 4,2 millones y hoy los empleados públicos representan el 27% del total de los ocupados“.

Según fuentes gubernamentales “son precarios los contratos ilegítimos que no se corresponden con una tarea específica en el Estado y que no esté trabajando y serán alcanzados por la evaluación y revisión de contratos los distintos organismos descentralizados estatales, aunque serán los propios ministerios los que lleven adelante estos procesos”.

Entre las diferentes puestas en acción por parte del Ministerio de Modernización para la reducción de tales cifras, se evalúa hacer efectivas las jubilaciones de aquellos trabajadores que se encuentren en edad de acceder al beneficio, así mismo no se descarta avanzar en un plan de retiros voluntarios para algunas dependencias estatales y congelar las vacantes por el momento. Los concursos públicos se abrirían a partir de mediados de este año.

Otra de las medidas que anunciarían en los próximos días para la modernización del sector público sería la reducción de la representación de los gremios, tanto de UPCN como de ATE, en los organismos del Estado. El caso más emblemático es el INDEC que tiene unos 1.600 trabajadores, de los cuales unos 120 son delegados, cuando por ley solo correspondería que fueran 17. “Esta cantidad de delegados excede la Ley de Asociaciones Sindicales de 1998″, aseguran desde el Gobierno.

Con la publicación el 21 de enero del Decreto 227/2016 en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció en su artículo 4 que “las contrataciones efectuadas en el marco de la Ley de Regulación del Empleo Público Nacional requerirán la previa intervención del Ministerio de Modernización”.

Pero además se agrega que “lo establecido en el párrafo precedente será de aplicación a aquellos supuestos de renovaciones o prórrogas de contratos en los cuales se modifique la equiparación retributiva al máximo nivel o categoría escalafonaria”, sostiene el texto, que es una especie de anticipo de lo que se viene.

En la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se están anunciando medidas de acción y se prepara un gran paro nacional para antes de marzo, según lo que anunció esta semana su titular Hugo Godoy, quien contabiliza unos 15.000 trabajadores despedidos desde diciembre hasta ahora.

Fuente: infobae.com

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