martes , 18 de diciembre, 2018

Jueces que asumieron a partir de 2017 pagarán Ganancias

La Corte dejó sin efecto una medida cautelar que eximía de ese impuesto a un grupo de magistrados y funcionarios de la justicia nacional.

La Corte Suprema resolvió ayer por unanimidad revocar la medida cautelar que había exceptuado del pago del Impuesto a las Ganancias a un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público que asumieron sus actuales cargos a partir del 1 de enero de 2017.

De esta forma, el Corte resolvió en contra de una acción de amparo que había iniciado el año pasado la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) contra la aplicación de la “Ley Massot” e impedir que los nuevos jueces se vean afectados por el tributo. La norma, sancionada por el Congreso en diciembre de 2016, establecía que una gran parte de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y provinciales, cuyo nombramiento hubiera ocurrido a partir de enero de 2017, pasaron a pagar Ganancias.

En tanto, esa acción de amparo había sido respaldado en primera y segunda instancia en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

La medida fue presentada

En su resolución, el máximo tribunal del país sostuvo que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal utilizó argumentos dogmáticos e insuficientes para admitir la procedencia de la medida solicitada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que, por ello, su decisión fue arbitraria.

Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte entendió que la cámara no debió haber concedido la cautela por el hecho de que exista una forma de interpretar la ley de Impuesto a las Ganancias que pudiera resultar contraria a los intereses de los magistrados y funcionarios representados por la parte actora. Asimismo, consideró que la cámara tampoco había justificado que la medida fuese necesaria para evitar un daño irreparable a los actores.

Además, la Corte sostuvo que los jueces al examinar este tipo de medidas deben tener especial cuidado en tanto se trata de decisiones preliminares que, por sus efectos expansivos, pueden suspender total o parcialmente la aplicación de una ley vigente y, de ese modo, afectar la división de poderes.

La Corte concluyó que no existían razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que eximiera del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora. De ello derivó que la vigente ley de impuesto a las ganancias resulta plenamente aplicable.

El Tribunal señaló que resultaba imprescindible recordar su doctrina según la cual la misión del juez es aplicar el derecho objetivo con independencia del planteo de las partes, máxime si se trata de obligaciones tributarias, cuya naturaleza es de derecho público no disponible. Consideró que, siendo así, los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente.

Finalmente, los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco dejaron a salvo el derecho del que gozan los magistrados, al igual que todo ciudadano, de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos, tal como fue reconocido por la Corte a lo largo de toda su jurisprudencia.

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