viernes , 19 de julio, 2019

Investigan depósitos de Báez por 7,5 millones de dólares

El máximo responsable de la prevención del lavado del Banco Nación hasta principios de 2012 es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) por no haber reportado un sospechoso depósito por US$ 7,5 millones que efectuó el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, según surge de documentos confidenciales cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron tres fuentes de distintas reparticiones públicas.

Las sospechas se centran en el ex miembro del directorio del Banco Nación Jorge Omar Maldonado Santechia, quien presidió durante años el Comité de Auditoría de la mayor entidad bancaria del país, pero cuyo nombre ahora también figura en el expediente sobre Báez que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

A cargo de supervisar toda el área antilavado del Banco, Maldonado quedó en la mira luego de que la sucursal en Comodoro Rivadavia del Banco Nación abrió cinco plazos fijos por un total de US$ 7,5 millones a nombre de la petrolera Epsur y de Austral Construcciones, dos empresas controladas por Báez.

La primera reacción de los oficiales de cumplimiento antilavado de la entidad resultó la correcta. Le pidieron al ex socio del ex presidente Néstor Kirchner que justificara el origen de esos fondos, que se repartieron en cuatro plazos fijos a nombre de Epsur y el restante bajo la titularidad de la constructora Austral.

“La respuesta que dio fue que el dinero correspondía al flujo normal de los negocios y que los plazos fijos eran también propios de la operatoria comercial, lo cual no resultó satisfactorio”, detalló una fuente oficial al tanto de lo ocurrido.

Los problemas dentro del Banco Nación comenzaron a partir de ese momento. Por algún motivo, las sospechas sobre ese millonario depósito subieron el escalafón y llegaron hasta Buenos Aires, pero la entidad decidió no enviarle un reporte de operación sospechosa (ROS) a la unidad antilavado (UIF) para que investigara si correspondía remitir los antecedentes a la Justicia.

Tan llamativa resultó la operación, de todos modos, que las alarmas se dispararon durante un control de rutina del Banco Central como máximo ente supervisor de las entidades financieras en el país. Así, fue el BCRA el que reportó la operación a la UIF, el año pasado, así como la inacción del área bajo el control de Maldonado.

“Se trataba de una operación sospechosa y el Nación no reportó nada. Por eso se lo incluyó [a Maldonado] en el ROS, lo cual no es habitual”, explicó una segunda fuente oficial al tanto de lo ocurrido.

LA NACION intentó comunicarse con Maldonado, pero se mantuvo en silencio. Pero con más de 35 años en el sector bancario, un colega que trabajó con él defendió su labor. “Ser el máximo responsable del área antilavado de un banco como el Nación, que es gigantesco, con más de cuatro millones de operaciones por día, es como hacer de arquero. Si parás 20 pelotas, era tu trabajo; pero si te meten uno solo, todo el mundo lo quiere matar”, graficó.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En el caso de Báez, la UIF acumulaba ya varios reportes sobre él y sus empresas vinculadas. Entre otros, uno llegado desde Liechtenstein, de 2006, y otro, el 917/2005, por las constructoras Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, mientras que Epsur y Austral Construcciones contaban con otro ROS de 2010, que se registró como el 2418.

Sin embargo, la UIF sólo giró a la Justicia los ROS sobre Báez y su grupo empresario después de que estalló el escándalo con la irrupción televisiva de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, y las supuestas operaciones de lavado a través de Panamá y Suiza.

Con esos ROS incorporados al expediente, el juez Casanello requirió a su vez al Banco Central que recolectara toda la información bancaria y financiera de todos los mencionados en esos reportes de operaciones sospechosas.

Así, el BCRA emitió al menos cuatro comunicaciones “D” confidenciales, cuyas copias obtuvo LA NACION. El 30 de abril envió a todas las entidades financieras la 19.026 centrada en Fariña, Elaskar, SGI, Helvetic Services Group y distintas sociedades.

Siete días después emitió la segunda comunicación, la 19.055. Se centró en Báez, Austral Construcciones, Epsur y una empleada de esa empresa, Ana Laura Moraleda, mientras que el 9 de mayo pasado, emitió la 19.059 sobre otros investigados, incluidos Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, y 21 sociedades comerciales.

El 15 de mayo, en tanto, emitió la cuarta y última comunicación a la que accedió LA NACION, la 19.084. Allí incluyó a Martín Báez, hijo de Lázaro; al presidente de Epsur y otra firma del grupo, Misahar, Norberto Andrés Lembo, y a Jorge Omar Maldonado.

En las cuatro comunicaciones, el BCRA pidió “reserva y abstención de revelar las actuaciones”, y encuadró el pedido en otra circular, la “A” 5218, que actualiza los parámetros para la “prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas” en las entidades financieras. Y en las tres notas, también, requirió que los datos pedidos se enviaran a su “Gerencia de Análisis de Operaciones Especiales”.

Antes y después de esas comunicaciones, sin embargo, el Banco Nación mantuvo y profundizó su relación crediticia con Austral Construcciones. Hasta que, a principios de este mes, y a pesar de la cláusula que la ponía en riesgo, mejoró las condiciones del fideicomiso por $ 350 millones que había negociado Fariña.

 

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