martes , 20 de agosto, 2019
rafael sosa - La Voz

Hoy comienza el juicio por el “narcoescándalo”

Se juzgará al ex director de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, y otros cinco ex policías por “asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, violación de secretos, extorsión y falso testimonio”.

El ex director de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba, Rafael Sosa, y otros cinco ex policías comenzarán a ser juzgados hoy por los delitos de “asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, violación de secretos, extorsión y falso testimonio” en el marco de la causa conocida como “narcoescándalo”.

El tribunal federal que juzgará a los ex uniformados está integrado por los jueces Miguel Hugo Vaca Narvaja, Mario Garzón y Luis Herrera Piedrabuena, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Enrique Senestrari y el titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico de la Procuradoría General de la nación, Abel Córdoba, y está previsto que declaren 33 testigos.

Además de Sosa, se sentarán en el banquillo de los acusados Alfredo Damián Seine, Mario Enrique Osorio, Franco Sebastián Argüello, Fabián César Peralta Dáttoli, Gustavo Julio González, Cristián Damián Ingas y Juan Francisco Viarnes, un civil que ejercía de policía encubierto y se encuentra prófugo.

El caso se hizo público a fines de 2013 cuando la Justicia Federal detuvo a los sospechosos por supuestos vínculos con narcotraficantes de la provincia y comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Sosa “se valió de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia, con la intervención del personal subalterno para la comisión de delitos“.

Entre esos actos delictivos se descubrió “la generación de sumarios policiales basados en información falsa” y “la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)” que exigían dinero para “favorecer o agravar causas judiciales”.

Además, los imputados se encargaban de “plantar” estupefacientes para producir detenciones y realizar procedimientos policiales con secuestros de drogas que luego ellos mismos comercializaban.

Para la Justicia, estos efectivos generaban “informes ideológicamente falsos, detenciones ilegales, manipulaciones de las transcripciones de las intervenciones telefónicas y falsa información” con lo que engañaban a los fiscales y tribunales federales intervinientes.

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