lunes , 10 de diciembre, 2018

Gremios se oponen al proyecto de limitar paros

Las dos CGT plantearon su desacuerdo a una iniciativa del PJ de reglamentar las protestas en servicios básicos. 

El proyecto de ley de tres legisladores peronistas que apunta a garantizar los servicios esenciales durante las huelgas generó un rotundo rechazo de todo el arco gremial cordobés.

Las dos CGT de Córdoba coincidieron en realizar hoy un plenario, del cual saldrá un fuerte rechazo a la iniciativa. 

La CGT Regional Córdoba es conducida por dos gremialistas cercanos al Gobierno: el exministro de Trabajo, Omar Dragún, y José Pihen, legislador provincial y titular del Sindicato de Empleados Públicos.

La CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña es encabezada por Mauricio Saillén (recolectores de basura), pero está integrada por otros encumbrados dirigentes como Gabriel Suárez (Luz y Fuerza) y Rubén Daniele (Suoem).

Los dirigentes de las dos centrales obreras mantuvieron el sábado contactos para acordar el plenario del lunes, que se realizará en un lugar emblemático: el museo histórico de los trabajadores, en la segunda cuadra de la avenida Vélez Sársfield, en el centro de Córdoba. 

“El plenario decidirá las medidas que tomaremos, pero sin dudas que habrá un fuerte rechazo a este proyecto. Esto ya se lo comunicamos en su momento al gobernador De la Sota, cuando en enero pasado había versiones de una iniciativa de este tipo”, aseguró Pihen, quien además preside la Comisión de Trabajo en la Legislatura, uno de los estamentos que debe tratar el proyecto.

El titular de la UEPC (docentes) Juan Monserrat, también adelantó un rotundo rechazo a esta propuesta, que nace de legisladores peronistas. “Será una discusión inútil, porque las provincias no pueden legislar sobre el derecho a la huelga”, afirmó el titular del gremio de los docentes.

Proyecto de ley

Hay un intento formal del PJ de limitar las protestas en algunos servicios que se consideran “esenciales”, como salud, educación, justicia, transporte, energía y recolección de residuos.

El viernes pasado, con las firmas de Oscar González (presidente provisorio de la Legislatura); Sergio Busso (titular del bloque oficialista de Unión por Córdoba) y Carlos Gutiérrez (vicepresidente del bloque), ingresó un proyecto de ley denominado “Garantías para el acceso a los servicios esenciales”, que apunta a los objetivos que en su momento hizo públicos el mandatario provincial. 

Pero Busso trató ayer de desligar al Gobierno provincial de esta propuesta. “Hemos trabajado sobre este proyecto y lo presentamos con el objetivo de abrir un debate sobre el derecho que tienen los usuarios a no quedar desprotegidos ante una protesta. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver, lo presentamos tres legisladores y será debatido en la Legislatura”, dijo el titular del bloque oficialista.

Los gremios que impulsen medidas de fuerza en los servicios esenciales deberán avisar con 48 horas de anticipación y hacer público el plan de atención. Se prevén penas de hasta 30 días de arresto. 

(Fuente:lavoz.com.ar)

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