martes , 16 de julio, 2019

Gils Carbó criticó duramente el sistema judicial

Dijo que es burocrático y autoritario y cuestionó el trabajo del Consejo de la Magistratura. Insinuó que existe un enfrentamiento entre la Procuraduría General y miembros de la Corte. Propuso crear un Código de Ética y garantizar la participación ciudadana.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, concedió una entrevista al periódico Página 12, donde se despachó con algunas afirmaciones polémicas como la forma que debería componerse el Consejo de la Magistratura y fuertes críticas al sistema judicial, al que consideró “burocrático y autoritario”.

Además, la funcionaria dejó entrever que existe un enfrentamiento entre el organismo que dirige y algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia a raíz de un comunicado que se emitió firmado por algunos jueces del máximo tribunal, en el que acusaban al gobierno nacional de ejercer presiones al sistema judicial cuando la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anticipó su decisión de “democratizar la justicia”.

En consecuencia, un grupo de 200 magistrados y académicos, entre ellos Gils Carbó, la defensora general Stella Maris Martínez, el juez federal Eduardo Freiler y el constitucionalista Eduardo Barcesat, publicaron una solicitada en rechazo al comunicado al considerar que no existen presiones desde el Ejecutivo nacional sino desde grupos económicos poderosos.

A raíz de esta situación, al ser consultada sobre si la Corte y la Procuraduría de la Nación hay un enfrentamiento, Gils Carbó aclaró en reiteradas oportunidades: “no englobaría a toda la Corte en los comunicados, si es que fue eso lo que generó la reacción. Si no, habrían firmado todos los ministros. Y no firmó nadie”.

“Llegamos muy pronto a ser 680, reaccionamos porque no queremos complacencia con promiscuidades con los poderes fácticos y hegemónicos. Fue el documento “Justicia legítima”, afirmó.

Además, la jefa de fiscales denunció que además de las presiones de los grupos económicos “todavía permanecen intactos los mecanismos internos de disciplinamiento o de manipulación. La dependencia judicial se maneja en las sombras”.

Igualmente, la Procuradora General aseguró que pese al rechazo de un sector de la justicia “haremos la reforma de los concursos”. “También estamos hablando con los decanos de universidades para crear un régimen de pasantías. Esto va a traer un cambio cultural que atacará el oscurantismo de los pasillos tribunalicios”, cuestionó y aclaró que no se trata de un grupo de académicos kirchneristas.

“Los funcionarios judiciales no suelen estar tan politizados. Por lo pronto, tienen vedado afiliarse a un partido político” explicó y añadió que “eso es una cuestión y otra es la necesidad de contar con una política judicial sana, de transparencia en la información judicial”.

Ante esta situación, Gils Carbó propone cambios en el sistema judicial y participa del grupo cada vez mayor de jueces, fiscales y magistrados nucleados en “Justicia legítima”.

En este sentido, la jefa del Ministerio Público Fiscal cuestionó que actualmente se designa fiscales “con un resultado medio cantado” ya que existe un sistema de “padrinazgos y parentescos”, por lo que consideró necesario una mayor participación ciudadana que funcione como controlador del proceso. “No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras”, afirmó.

Explicó que el actual sistema de designación los antecedentes y títulos significan el 50 por ciento del puntaje total, lo que “pueden resultar favorecidos hombres solteros y mujeres solteras con tiempo disponible o acceso más fácil a posgrados y doctorados”.

“Vamos a darle importancia a lo que sirva para evaluar la capacidad del fiscal, su capacidad dinámica, su posible desempeño ante tribunales orales, compatible con el proceso que pensamos que se viene”, explicó la funcionaria y agregó que otro requisito para la designación será la “sensibilidad del funcionario” que será revelada en los exámenes.

“Lo que tenemos es un sistema judicial esencialmente burócrata. Vayamos quitando burocracia. Agreguemos transparencia. Por eso queremos que además de un jurista invitado al concurso de oposición, haya un veedor de una organización no gubernamental que no sólo presencie el trámite, sino que emita un informe”, dijo.

En esta línea, cuestionó que “hoy existe una combinación de evaluación de antecedentes, que representan el 50 por ciento del puntaje, examen escrito y examen oral” y sostuvo que el objetivo es que “al oral se llegue por haber aprobado el examen escrito, no por los antecedentes” y se manifestó a favor de la participación ciudadana en el proceso de designación.

Sobre la burocracia judicial, Gils Carbó sostuvo que “es burócrata el que sigue un ritualismo exacerbado, sobre todo en los procesos civiles. Continúa en general esa enorme distancia entre el juez y las partes. El juez conoce a los abogados, no a las partes. A veces ejerce una imparcialidad mal entendida, porque se manifiesta impasible ante las desigualdades”, explicó.

“Todos esos actos responden a una lógica burocrática de eludir los temas de fondo” afirmó a la vez que dijo que existe una “Burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad”.

En cuanto al Código de Ética, la intención es “prevenir incorporar aquellas situaciones reñidas con la ética que son propias del sistema judicial argentino”.

En este sentido, Gils Carbó denunció que “los magistrados reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados”.

Además de los nuevos concursos, Gils Carbó dijo que se propone implementar un programa de transparencia que incluya un reglamento de acceso a las declaraciones juradas de los fiscales.

“El actual reglamento de acceso a las declaraciones juradas es restrictivo del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública”, opinó.

También propone un reglamento para compras y licitaciones. Ese reglamento podría incluir “un mecanismo para dar prioridad a distintos actores sociales de relevancia”, como cooperativas de trabajadores, fábricas recuperadas y el Ente Cooperador Penitenciario.

Otro de los puntos del llamado Programa de Transparencia es ampliar el área de atención a las víctimas “para garantizar la protección de los derechos” y acercar las víctimas al Ministerio Público “como actor fundamental en la representación de esos derechos e intereses”.

El plan contempla “mecanismos de atención directa y personalizada” para acceder a la Justicia: líneas telefónicas, mail, chats e incluso locales del Ministerio Público Fiscal.

“Este es el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial, después de treinta años de estabilidad democrática”, manifestó la funcionaria.

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