sábado , 20 de julio, 2019

Fue declarada inconstitucional la guía del aborto no punible de la Provincia

La Cámara de Apelaciones avaló el fallo de hace más de un año donde un juez en primera instancia suspendió el protocolo, tras una presentación de la Asociación Civil Portal de Belén.
Los camaristas Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera desoyeron la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consideraron que deben prevalecer los derechos del niño por nacer.
Por ello, ordenaron a la Provincia que “se abstenga de aplicar las disposiciones de la Resolución del Ministerio de Salud N° 93 del 30 de marzo de 2012 y su anexo I denominado “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”.
En cambio, los camaristas rechazaron el recurso de apelación planteado por Portal de Belén, en la medida en que la ONG pretendía que los alcances de la suspensión del protocolo de abortos se extendieran a los hospitales y centros asistenciales nacionales que funcionan en Córdoba, como la Maternidad Nacional y el Hospital de Clínicas pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba.
En primera instancia, el juez en lo Civil y Comercial, Federico Ossola, falló aceptando que el aborto no punible es constitucional -como lo fijara oportunamente la Corte Suprema de Justicia- pero exigió que se verifique la existencia de una violación previa para que la Provincia aplique su propia guía de procedimiento, más exigente que la nacional.
Esa verificación deberá ser realizada por un equipo interdisciplinario que se encargue de constatar que el embarazo haya sido producto de un abuso. En este sentido, Ossola establece que la declaración jurada no resulta suficiente para que la paciente sea sometida a un aborto.
“En dicho fallo, lleno de arbitrariedades y argumentos contrarios a nuestro ordenamiento jurídico, la Cámara desconoce el sistema de control de constitucionalidad pautado en el art. 31 de la Constitución Nacional al sostener que prevalecen las normas provinciales y la autonomía provincial por sobre la decisión del Congreso de la Nación de autorizar los abortos en caso de peligro en la salud o vida de las mujeres y en casos de violación”, así replicaron, mediante un comunicado de prensa, la asociación civil de Católicas por el Derecho a Decidir ante el fallo de la Cámara 3ª Civil y Comercial Córdoba.
“Nuevamente este tipo de decisiones judiciales pretenden hacer regir en Córdoba, una especie de derecho paralelo del vigente en el resto de las provincias y en el país, es decir violentando derechos fundamentales de las mujeres ya ampliamente reconocidos por las más altas jurisdicciones nacionales e internacionales”, argumentaron para rechazar la resolución judicial.
Mediante su decisión la Cámara, si bien le ordena a la provincia que se abstenga de aplicar la Guía de Atención a los Abortos No Punibles aprobada el año pasado por el gobierno provincial, mantiene la constitucionalidad del art. 86 del Código Penal, es decir que el derecho a acceder a la práctica de los abortos permitidos en el Código Penal continúa vigente en la provincia.
“Las mujeres cordobesas continúan estando amparadas en materia de abortos no punibles por los alcances de la interpretación del Código Penal realizada por la Corte Suprema Nacional, en función a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”, señalaron.
Y, por último, adelantaron que, “dada la gravedad e ilegalidad de los fundamentos vertidos por la Cámara”, Católicas por el Derecho a Decidir recurrirá esta resolución.
En este mismo sentido, la abogada Angélica Peña, del Programa de derechos Sexuales y Reproductivos de la UNC, consideró que esta resolución es absurda como “querer aislar a Córdoba de las otras provincias”.
“Una ley provincial no está por encima de la propia Constitución Nacional y del Congreso Nacional”, fustigó y consideró como una “situación grave”.
Por otro lado, aclaró que esta Cámara declaró inconstitucional el protocolo provincial para el aborto no punible, “no el artículo 86 del Código Penal que sigue vigente, y que se lee en los términos que definió la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Fuente SRT

 

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