miércoles , 12 de diciembre, 2018
Congreso

Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil participaron de audiencia pública en el Congreso

Manifestaron su preocupación por la situación en la que viven los jóvenes de los barrios populares de la provincia de Córdoba, donde son hostigados por la policía, que cuenta con el Código de Faltas para realizar detenciones arbitrarias, entre otros acosos.

Representantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba se presentaron hoy en el Congreso Nacional para participar de una Audiencia pública organizada por diputados nacionales, organismos de Derechos Humanos y el integrante del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional Manuel Tufro, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirige Horacio Verbitsky.

La actividad se realizó en la sala 3 del Edificio Anexo de la Cámara Baja y estuvo presente Natalia Suárez, madre del joven Lautaro Torres asesinado a manos de la policía provincial en barrio Las Palmas de la Ciudad de Córdoba y Emilia Rojas, madre de Cristian Guevara, asesinado por esta misma fuerza en Barrio Villa la Tela.

“La audiencia tiene el objetivo de extender a nivel nacional el reclamo de justicia que encabezan los familiares de víctimas de “gatillo fácil” en la provincia de Córdoba”, señaló el diputado Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, uno de los impulsores de la actividad. Asimismo, el diputado de izquierda recordó que “en lo que va del año ya son 8 los jóvenes asesinados sin avances en las causas judiciales.”

La Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba viene llevando adelante distintas acciones para hacer escuchar su reclamo, recibiendo solidaridad de referentes de Derechos Humanos de la provincia, como las Madres de Plaza de Mayo Sonia Torres y Ana Barnes, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba Francisco Tamarit y los diputados nacionales Nicolás del Caño (PTS/FIT), Ernesto Bernabey (FPV) y Graciela Villata (Frente Cívico de Córdoba), entre otras personalidades y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que han dado su solidaridad.

En la audiencia, la Coordinadora hizo extensiva su preocupación por la situación en la que viven los jóvenes de los barrios populares de la provincia de Córdoba, donde son permanentemente hostigados por la policía, que cuenta en sus manos con una herramienta jurídica como el Código de Faltas, cuestionada por numerosos juristas por su carácter anticonstitucional y contra la que todos los años se movilizan más de 10 mil jóvenes de la provincia exigiendo su derogación, en la conocida “Marcha de la Gorra”.

El reclamo de la Coordinadora se da en el marco de una profunda crisis de la Policía de Córdoba, ya que hace una semana fue imputado su jefe Julio César Suarez por amenazas al periodista Dante Leguizamón.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *