sábado , 17 de agosto, 2019

Ercolini procesó a Gils Carbó por administración fraudulenta

Es por la compra irregular del edificio de la Procuraduría General de la Nación, donde se sospecha que hubo coimas. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes por $7 millones. Para la defensa, la funcionaria fue procesada por “un delito imaginario”.

El juez federal Julián Ercolini procesó ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo, donde se sospecha que hubo coimas.

La procuradora fue considerada coautora del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.

Al ser indagada por Ercolini a fines de agosto pasado, la jefa de los fiscales había cargado la responsabilidad sobre un funcionario a su cargo por la compra del inmueble: se trata del edificio de la calle Juan Domingo Perón 667, donde tiene su cede la Procuración, y el cual se pagó 43.850.000 millones de pesos en 2013.

La empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- le pagó una comisión de 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento y ésta a su vez pagó 3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros y quien es medio hermano de Guillermo Bellingi, este último subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.

Según la acusación, la licitación estaba previamente planificada y direccionada hacia la compra de ese edificio y, en ese sentido, los investigadores evalúan una serie de contactos entre los acusados interesados en el inmueble.

En su descargo por escrito, al que le sumó las preguntas que hizo el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó aseguró que ella no cobró comisión alguna y que Bellingi “defraudó” su confianza.

Al respecto, la defensa de la procuradora general afirmó que la funcionaria fue procesada por “un delito imaginario” y que “genera suspicacia” que se resolviera antes de las elecciones.

Mediante un comunicado, el estudio que defiende a Gils Carbó manifestó: “No nos sorprende porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando”.

No obstante, resaltaron que “sí” les “produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública“.

Al respecto, el estudio de Arslanian explicó que la procuradora autorizó “la compra de un inmueble para sede de su desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales”.

En el mismo sentido, agregó que la compra se hizo “sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquella”.

“Por fin, cabe señalar que genera suspicacia el dictado de esta resolución con anterioridad al lunes 23”, resaltó el comunicado del estudio, en alusión a las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo 22 de octubre y finalmente anunció que “se interpondrán los recursos judiciales pertinentes”.

(Fuente: Ámbito)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *