domingo , 21 de julio, 2019

Elevan a juicio una causa contra un comisario por abuso de autoridad

Se trata de Rubén Humberto Luna, quien está acusado de demorar la intervención judicial ante un presunto caso de extorsión cometida por tres subalternos durante un control vehicular.

El juez de Control Penal Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, elevó a juicio una causa contra el comisario Rubén Humberto Luna, por un hecho ocurrido cuando se desempeñaba como Jefe del Departamento de Coordinación Capital de la Policía Caminera, que fue calificado como abuso de autoridad.

El funcionario policial está acusado de no haber notificado inmediatamente a la autoridad judicial sobre la presunta comisión de un hecho delictivo cometido por parte de un grupo de subalternos, aunque él había tomado conocimiento inmediato.

El hecho habría ocurrido el 6 de enero de 2018, durante un control de rutina en la Av. Circunvalación, donde tres policías adscriptos a la Dirección General de la Policía Caminera habrían extorsionado a un matrimonio, exigiéndoles dinero para permitirles seguir el viaje.

En base a precedentes de la Cámara de Acusación de Córdoba, el juez Hidalgo sostuvo que Luna debió haber entregado inmediatamente el procedimiento de aquel posible delito a la autoridad judicial como así también el dinero secuestrado, posteriormente, en un móvil policial, que podía estar relacionado con la exigencia ilegal. El magistrado agregó que no lo eximía de tal obligación el haber dado la orden de hacerlo a sus inferiores dos días después al considerar que se trataba de un deliberado retraso con la directa intención de violentar la ley.

En la resolución, Hidalgo argumentó que, desde el punto de vista objetivo, puede incurrir en abuso de autoridad tanto el funcionario que nunca realiza el acto dispuesto por la ley, como el que lo realiza más allá del plazo útil para que ese acto produzca sus efectos jurídicos normales. Asimismo, señaló que, en este caso, existía la posibilidad de que esa prueba hubiera perdido eficacia por el transcurso del tiempo en que había sido entregada y el traspaso de mano en mano que de ella se había efectuado. Así, entendió que la demora en la entrega si había afectado “el correcto y normal funcionamiento de los órganos que componen la administración pública, entendiendo por tal a los tres poderes que integran la estructura del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, y por lo tanto, se trata de una conducta típica, una omisión o retardo funcional elevando a juicio la causa.

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