jueves , 18 de octubre, 2018

El Senado rechazó la legalización del aborto

Por 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia, la Cámara alta rechazó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que había sido aprobado en Diputados.

El Senado rechazó en la madrugada de ayer con 38 votos en contra, 31 votos a favor, dos abstenciones y una ausencia, el proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que había sido aprobado en Diputados.

Las abstenciones fueron de la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Omar Perotti, quienes presentaron proyectos alternativos, mientras que la ausente fue Eugenia Catalfamo, quien había anticipado su acompañamiento a la norma.

La iniciativa proponía legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, mientras que se permitía realizar la práctica luego de ese plazo en casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la gestante, o si se diagnosticaba la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

En el caso de las menores de 16 años, la norma determinaba que la mujer podría decidir por sí misma “aquellos tratamientos que no resultaran invasivos, ni comprometieran su estado de salud o provocaran un riesgo grave en su vida o integridad física”.

Además, incorporaba en su artículo 15 el derecho a la objeción de conciencia individual, con la previa inscripción en un registro de profesionales objetores, que debía implementarse en cada establecimiento de salud, mientras que quedaba prohibida “la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”.

El aborto debía practicarse en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento, para lo cual no era necesaria “ninguna autorización judicial previa” a la vez que se establecía la creación de consejerías integrales no obligatorias pre y post aborto.

En tanto, se sancionaba con pena de prisión de entre tres y diez años al médico que obrara sin consentimiento de la mujer; y con penas de entre tres meses y un año si se realizaba el aborto a partir de la semana 15, sin consentimiento de la gestante. También para aquel profesional que “dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.

Por otra parte, la iniciativa señalaba que “el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberían tener la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población”.

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