jueves , 12 de diciembre, 2019
Congreso

El kirchnerismo reclamó a Macri que convoque a sesiones extraordinarias

En menos de un mes de mandato, el presidente emitió 261 decretos. El bloque de diputados del FpV pidió a los legisladores oficialistas que “se saquen la careta” y acompañen el reclamo. Denunciaron que hay varios DNU “ilegales y violatorios de la Constitución”.

El bloque de Diputados del Frente para la Victoria reclamó ayer al presidente Mauricio Macri que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias “tal como establece constitución en su artículo 63”, a la vez cuestionaron la firma de decretos, que en menos de un mes de mandato suman 261.

A través de un comunicado de prensa, el bloque kirchnerista consideró “necesario y urgente que el Congreso se reúna para validar o rechazar esta batería de decretos, tal como lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 99, y para legislar en toda cuestión que el Ejecutivo considere pertinente”.

En ese sentido, convocaron “a los dirigentes que se rasgaron las vestiduras en nombre de las instituciones y la República, que abandonen el silencio cómplice y nos acompañen en la defensa de las instituciones y la República” y le reclamaron a los legisladores “de la alianza gobernante que se saquen la careta y recuerden que fueron ellos quienes presentaron un proyecto para que el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU”.

Asimismo, el FpV recordó que ese bloque “viene reiterando el pedido para que se convoque a extraordinarias desde hace más de 20 días luego de que el presidente Macri” dictó numerosos decretos.

“De hecho continuamos en el análisis del modo de poder realizar la autoconvocatoria y en busca del apoyo del resto de los bloques que compartan nuestra opinión para su concreción. Queremos además que sea respetada la libertad ciudadana”, agregó.

Respecto a los decretos emitidos por el mandatario, los consideraron “ilegales y violatorios de la Constitución Nacional y las instituciones de la República”, incluyeran “la reforma y hasta la derogación de leyes sancionadas democráticamente por este Congreso, la remoción de funcionarios también designados democráticamente por el Parlamento, y el intento de legislar por decreto en cuestiones penales –otra cuestión expresamente prohibida por la Constitución en su artículo 99-“.

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