miércoles , 18 de septiembre, 2019
Cristina

El jueves se sorteará la denuncia de Cristina contra Bonadio

Lo conformó la presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Allí se definirá quien de los nueve integrantes de la Comisión deberá dictaminar sobre si se da curso o no al expediente.

La presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato, confirmó ayer que el jueves se sorteará la denuncia presentada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el juez federal Claudio Bonadio por “mal desempeño” y “prevaricato”.

Donato explicó además que existe la posibilidad de que la denuncia sea desestimada y no llegar al sorteo, pero descartó esa opción en este cas opor tratarse de una “causa sensible”.

En el sorteo se definirá quien de los nueve integrantes de la Comisión de Disciplina deberá elaborar un dictamen de desestimación o un dictamen acusatorio que luego se debatirá en el seno de la Comisión.

En el caso que el funcionario sorteado emita un dictamen acusatorio, el mismo deberá pasar al plenario, donde es debatido y votado por todos los integrantes del Consejo, los cuales que decidirán si la acción denunciada merece una sanción menor o es causal de mal desempeño. En el segundo caso, el sería citado a declaración indagatoria para luego pedirse el juicio político, tal como pretende la ex mandataria.

Asimismo, la consejera advirtió que a esta denuncia se le pueden sumar otras causas si se refieren a los mismos hechos descriptivos y si presentan una motivación para ser acumuladas.

Cristina solicitó el jueves que “se proceda a suspender al magistrado denunciado y a formular acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño” a la vez que reclamó que se investigue a las autoridades del Banco Central (BCRA) designadas por el actual gobierno, por los cambios en la cotización del dólar.

La ex jefa de Estado aseguró que la denuncia por la venta de dólares futuros fue utilizada primero con fines electorales y luego para remover al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.

“La denuncia de los diputados (Federico) Pinedo y (Mario) Negri fue presentada cuatro días después de que se llevara a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, afirmó y recordó que “dos días antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial, Bonadio dispuso el allanamiento del BCRA en pleno horario de operaciones, interrumpiendo por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado único de cambios”.

Cristina consideró que “tal actividad carecía de toda razonabilidad, máxime si se advierte que la mayoría de los elementos documentales que se pretendían localizar ya habían sido presentados en la causa por la propia entidad rectora”.

Además sostuvo que “la causa penal en cuestión también fue utilizada como un elemento central de hostigamiento para forzar la salida del entonces Presidente del BCRA, pese a que su mandato legal recién debía expirar en el año 2019″.

“Luego de dicha renuncia se designó un nuevo Presidente del BCRA (Federico Sturzenegger), se liberó el tipo de cambio y, como una consecuencia de ello, se produjo casi de manera inmediata una devaluación de la moneda nacional de más del cuarenta por ciento sin que fuera adoptada medida alguna dirigida a proteger el valor de la divisa argentina”, denunció.

Al respecto, la ex presidenta remarcó que “dado que las nuevas medidas impactaron directamente sobre la liquidación de los contratos de compra de dólares a futuro, paradójicamente se produjo la situación que los denunciantes del ahora partido gobernante intentaron presentar como delictiva, esto es que, a través de los contratos de dólar futuro, se ocasionarían pérdidas estratosféricas para el BCRA”.

Por ello consideró que pudo haber “mal desempeño” por parte del juez que lleva adelante la investigación, Bonadio, “habida cuenta del ejercicio abusivo y arbitrario del poder jurisdiccional que le fue conferido, ello en el marco de una causa en la cual se persigue una exclusiva finalidad política”.

También sostuvo que pudo haber “prevaricato por parte del juez interviniente en la denuncia de referencia al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos, en particular al convocar a prestar declaración indagatoria a los imputados” y “tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante de la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionalmente tutelados”.

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