domingo , 22 de septiembre, 2019

El gobierno uruguayo quiere legalizar la marihuana para combatir la violencia

El Ejecutivo de Mujica presentará un paquete de medidas para erradicar el consumo de paco. Según trascendió, incluyen que el Estado les venda marihuana a consumidores registrados y la creación de nuevas figuras jurídicas para castigar el narcotráfico.
El Estado uruguayo pretende legalizar la venta de marihuana e internar en forma compulsiva a los adictos a la pasta base (paco), entre otras medidas que apuntan a luchar contra la inseguridad y la violencia que en los últimos tiempos han crecido tanto en Montevideo como en otros lugares del país. El Ejecutivo anunció el paquete de medidas tendientes a desalentar el delito y bajar los índices de inseguridad.
El crimen a sangre fría del que fuera objeto hace un mes un joven empleado de un bar de la capital, por el que cerca de 3 mil de personas se congregaran frente a la Torre de Ejecutiva para manifestar su descontento por el aumento de la delincuencia, llevó al gobierno a poner en principalísimo lugar de su agenda al tema de la lucha contra la violencia y el delito.
Ayer por la noche, el presidente José Mujica emitió un mensaje por cadena nacional en que llamó a la tolerancia y exhortó a los uruguayos a repensar sus acciones individuales y colectivas, para cuidar la vida, que es “el valor más preciado”. El mandatario, que hoy por la mañana partió a Brasil en visita oficial, anunció también que esta semana se discutirán medidas de seguridad y promovió “un mes” para que la sociedad reflexione sobre el tema.
Algunos medios montevideanos, como canal 10 y El País, adelantaron algunos puntos delpaquete de 16 medidas para luchar contra la creciente inseguridad.
Bajo la premisa “guerra a la pasta base (paco)”, considerada por el gobierno como la causa principal del aumento de la violencia en los delitos cometidos mayormente por menores de edad, el proyecto blanqueará la venta de marihuana y la pondrá en manos del Estado, con dos objetivos principales: sacarle un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y que los adictos a la pasta base (paco) pasen a consumir marihuana, una droga considera de las “blandas” y cuyo consumo y tenencia para uso personal no están hoy penalizados en Uruguay.
Según El País, el Estado tomaría un rol de distribuidor y vendería marihuana (cuyo calidad será certificadas por organismos dependientes del Estado) a los consumidores registrados en locales habilitados. “Esto no es como el cigarrillo. La venta no será libre, estará regulada por el Estado y será prohibida a menores de 18 años”, señaló al matutino una fuente parlamentaria, que expresó además que, con el fin de prevenir conductas adictivas, “se establecerá un máximo de porros por consumidor”. Quienes se excedan en el consumo, tendrán que someterse a tratamientos de rehabilitación, que el propio Estadofinanciará con los impuestos que incluirá en el precio de venta de los cigarrillos de marihuana.
Otra de las medidas apunta a la batalla directa contra la adicción a la pasta base (paco), aunque a nivel científico aún no se ha logrado determinar un tratamiento adecuado para dejar de depender de ella. Ya en la campaña electoral en 2009, Mujica manifestó su preocupación por el aumento del consumo de esta droga y dijo que combatirlo sería una prioridad de su gobierno. Sin embargo, y a pesar de haber contado con la colaboración de Madres de la Plaza, un grupo de mujeres con hijos adictos que han denunciado y denuncian bocas en actividad (cuya principal impulsora, RocíoVillamil, falleció hace pocos días), no se logró disminuir el número de adictos y el caudal de ventas.ç
Una de las disposiciones que se plantea implementar es la internación compulsiva de los adictos a la pasta base, idea que al principio de su mandato manifestó en su programa radial Mujica, por la que recibió críticas del propio Frente Amplio (FA). De acuerdo a fuentes consultadas por El Pais, se trata de “intervenciones sanitarias”, que apuntan a rehabilitar, y de la que se harán cargo equipos multidisciplinarios, integrados por personal de los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social, que recorran zonas para detectar a los menores adictos que requieran de internación, para la que hoy hay que conseguir la firma de dos psiquiatras, que avalen que la persona no está en condiciones de valerse por sí misma o pueda autoagredirse o agredir a terceros.
Otras de las medidas que se plantean son el endurecimiento de las penas a adolescentes infractores y la creación de nuevas figuras delictivas vinculadas al narcotráfico.
Todas medidas están enmarcada en la inseguridad que, según expresó a Clarín.com el director de la consultora Factum, Eduardo Bottinelli, es ya desde hace un lustro la principal preocupación de la sociedad uruguaya. “Fue un proceso que se dio entre 2005 y 2007, cuando empezó a bajar los índices de desocupación, históricamente la principal preocupación de los uruguayos”, dijo. “Fue una relación directa de cambio en el ranking, al desaparecer la desocupación, la pobreza y los salarios como temas centrales, aumentó la inseguridad”. Con distintos matices, la sociedad uruguaya aspira a que con estas medidas, y con voluntad política, pueda volver a los buenos estándares de seguridad de años atrás

 

 

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