miércoles , 20 de noviembre, 2019

El fiscal de la causa dictaminó que la ley de medios “es constitucional”

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Civil y Comercial 5, Ferando Uriarte, solicitó al juez Horacio Alfonso que se desestime el planteo de anticonstitucionalidad interpuesto por Clarín
El grupo monopólico había solicitado la inconstitucionalidad sobre los artículos 41, 45, 48, segundo párrafo, y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, concluyó que la normativa impugnada “no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín”, al expedirse sobre la llamada cuestión de fondo de la Ley de Medios.
En primera instancia, el fiscal descarta que se trate “la declaración de inconstitucionalidad” sobre la violación a la libertad de expresión y de prensa porque “no se han expuesto argumentos relevantes para invalidar las normas cuestionadas en virtud de la afectación de los derechos constitucionale”, mientras determina que se trata únicamente en la supuesta “violación de los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de comercio”.
En el mismo sentido que la Corte Suprema, resuelve: “No puedo sino concluir, como lo hiciera el Tribunal Supremo en el decisorio citado anteriormente, que la propia pretensión de los demandantes ubica a la cuestión litigiosa del “sub lite” dentro del campo patrimonial”.
Entrando de lleno en el artículo 45 de la ley de medios audiovisuales, donde se se establecen limitaciones a la concentración de licencias, el fiscal sostiene que “los accionantes (por Grupo Clarín) no explican de qué modo la alegada `discriminación normativa´ afectaría la eficiencia de los competidores de la industria y generaría una desventaja para los operadores privados de cable”.
Agrega que, de este modo, la normativa es consecuente con su objetivo de “impedir prácticas monopólicas y de posición dominante en el área de los medios de comunicación audiovisuales”.
Sobre el límite de 10 licencias de radio y TV abiertas dispuesto por la ley, expresa que “en cuanto a la calificación de arbitrario y caprichoso que se imputa al límite máximo de 10 licencias, no es aventurado suponer que cualquier cantidad que superase la que en la actualidad explota el grupo demandante le hubiera merecido igual reproche”.
En este mismo sentido, el funcionario judicial considera como “hipotética, remota o conjetural” las restricciones a la competencia que aducía Clarín respecto al límite para todos los grupos mediáticos de alcance al 35 por ciento de la población.
“En base a los fundamentos hasta aquí expresados, puede sostenerse que las limitaciones objetadas recogen, de alguna manera, los términos del principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice: `Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos´.
Añade también que si la Justicia hiciera lugar a la demanda de Clarín, esta “implicaría una invasión del Poder Judicial en la zona de reserva de otro poder del Estado”, refiriéndose al Poder Legislativo que sancionó en 2009 por amplia mayoría la legislación.
Rechaza, a su vez, que la adecuación del Grupo Clarín según obliga el artículo 161 de la ley afecte el derecho de propiedad al apuntar que es “hipotético o conjetural”. Pero deja abierta la posibilidad, luego de la desinversión, que Clarín recurra a “una acción que persiga el resarcimiento de los daños y perjuicios que entiendan que les ha ocasionado el proceso de `adecuación´”.
Por ello, el texto define que “no implica derechamente que la alegada lesión inferida al derecho de propiedad de los actores como consecuencia de su aplicación no pueda ser eventualmente reparada mediante una indemnización”.
“El planteo de inconstitucionalidad deducido en relación al art. 161 de la LSCA debería ser rechazado”, exhorta.
Por otro lado, el documento expresa que la fusión de Multicanal y Cablevisión es ilícita por entender que se encontraba en una “situación de infracción al régimen de multiplicidad de licencias consagrado en el art. 43 inc. b) de la ley 22.285”, ley de radiodifusión anterior a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual.
Finalmente, en su apartado 23 del documento redactado por el fiscal federal, señala: “En mérito a lo hasta aquí expuesto a lo largo del presente dictamen, concluyo que la normativa impugnada no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio de los actores, contrariamente a lo alegado por ellos, razón por la cual V.S. debería desestimar el planteo de inconstitucionalidad que formularan respecto de los arts. 41, 45, 48, segundo párrafo, y 161 de la LSCA”.

 

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