miércoles , 11 de diciembre, 2019

Duro cruce entre Gils Carbó y la Corte

La Procuradora dijo que los fondos deberían ser administrados por el Consejo de la Magistratura y que el máximo tribunal no respeta la carta magna cuando se trata de plata. La Corte aseguró que actualmente no existe impedimento para que fiscales y defensores paguen Ganancias.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la Corte Suprema de la Nación volvieron a protagonizar una fuerte disputa por el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los miembros del Poder Judicial.

“Cuando se trata de plata no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución. Si usted lee el artículo 114, va a ver que los fondos debe administrarlos el Consejo de la Magistratura” afirmó hoy Gils Carbó en una entrevista con Radio Del Plata, en respuesta a lo acordado ayer por el máximo tribunal, respecto del pago de impuesto a las ganancias por parte de los Magistrados.

Por su parte, mediante una misiva el máximo tribunal de justicia aseguró que no hay ningún impedimento para que fiscales y defensores oficiales paguen ese impuesto y que ya deberían estar haciéndolo.

Sin embargo, para que los jueces paguen Ganancias es necesaria la derogación de una acordada de la Corte que en 1996 declaró inaplicable para jueces y funcionarios judiciales una ley que generalizaba los alcances del impuesto.

Sucede que la Procuración y la Defensoría General son órganos “extra poder” según la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución reformada en 1994, por lo que la Corte entendió que la acordada que exceptúa a los jueces del pago de Ganancias no alcanza a fiscales y defensores.

A través de una carta firmada por la subdirectora de Administración, Karina Ramos, la Corte aclaró que una eventual derogación de la acordada que exceptúa a los jueces de la carga tributaria no tiene “impacto sobre los ministerios públicos”.

“La cuestión del pago del Impuesto a las Ganancias está regulada en el ámbito del Poder Judicial de la Nación por la referida acordada dictada por esta Corte, que carecía –y carece–de atribuciones para tomar cualquier clase de decisiones sobre la situación salarial o impositiva de los integrantes de otros poderes”, sostuvo la respuesta.

Por su parte, la procuradora volió a rechazar la respuesta del Máximo Tribunal y advirtió que “no es cierto que la Corte no puede tomar decisiones sobre” el “nivel salarial” de los fiscales.

“Hay un impedimento legal, por eso pedimos dialogar. Tiene que cambiar la acordada, que es la única manera que todos paguemos porque tenemos la obligación de respetar la equidad”, agregó.

En este sentido, Giñs Carbó explicó que “la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que deben ser equivalentes los salarios de jueces, fiscales y defensores, y en el último párrafo aclara que esa equivalencia se extiende al régimen tributario y previsional”.

“Por lo tanto, yo no puedo descontar Ganancias a los fiscales porque la ley me lo impide y esto es lo que me llama la atención de la nota (de la Corte) porque un Supremo Tribunal no puede ignorar esto; eso es lo preocupante”, sostuvo la procuradora esta mañana.

En este marco, afirmó que ella defenderá la ley “en todo momento no sólo porque la ley lo exige sino porque, si no, parece que se está queriendo que haya magistrados de primera y magistrados de segunda”.

“Mire, cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución”, sostuvo Gils Carbó, quien hizo referencia a la respuesta dada por la Corte a su pedido y afirmó además que “si usted ve el artículo 114 (de la Carta Magna), va a ver que los fondos (del Poder Judicial) debe administrarlos el Consejo de la Magistratura”.

En este sentido, remarcó que si bien ella sostiene que ese cuerpo “está cooptado por la corporación judicial y debe ser modificado para que funcione”, se trata de un órgano que “es más garantía para la ciudadanía del manejo de fondos”.

Por otro lado, sostuvo que la implementación del pago del Impuesto a las Ganancias para integrantes del Poder Judicial implicaría que “para muchos funcionarios y empleados un descuento abrupto que puede llegar hasta a un tercio del salario”, por lo cual consideró que existe “una presión legítima que se está ejerciendo desde abajo y que seguramente la Corte quiere atender”.

“Nosotros también queríamos atender esto sentándonos en una mesa a discutir cómo se iba a implementar y eso era lo único que pedíamos en esa nota, sentarnos a dialogar”, consignó la procuradora en las declaraciones que formuló esta mañana.

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