miércoles , 18 de septiembre, 2019

Dómina calificó de “intempestiva” la adhesión del Municipio a la Ley Nacional de Tránsito

La Municipalidad de Córdoba suscribió un convenio con el Gobierno nacional que encuadra a la ciudad de Córdoba en los alcances de la Ley Nacional de Tránsito y el concejal de Unión por Córdoba criticó la rapidez con que fue tratada la aprobación en el Concejo Deliberante.

“La firma apresurada del mencionado convenio obligó a los bloques de concejales de la Unión Cívica Radical, Fuerza de la Gente y ADN a aprobar sobre tablas en la sesión del día de la fecha (por ayer) del Concejo Deliberante la adhesión a la Ley Nacional de Tránsito Nº 23.363”, indica un comunicado enviado por el concejal Esteban Dómina.

Unión por Córdoba no acompañó la aprobación de la norma porque “estas cuestiones que afectan directamente al vecino, no pueden ser tratadas sobre tablas, sin el debido estudio” y porque “esta adhesión en particular supone cambios fundamentales de la normativa vigente y de prácticas de años que ameritan mayor análisis y escuchar otras voces”.

Al respecto, Dómina manifestó que la ley nacional a la que se adhirió a libro cerrado consta de 41 artículos, muchos de los cuales se contraponen con disposiciones del Código de Tránsito de la ciudad de Córdoba y del recientemente implementado Código de Convivencia en lo que hace a monto de las multas, entre otras normas vigentes en la ciudad, además de superponerse con la Justicia Administrativa de Faltas.

De modo especial, según el concejal, debieran evaluarse los alcances e implicancias de los artículos referidos a “Licencia Nacional de Conducir”, particularmente el artículo 25 –que consta de ocho incisos- y establece que los infractores en cualquier punto del país, pueden sufrir la restricción a circular en jurisdicción nacional. Igualmente, las disposiciones del artículo 26, que establece en otros ocho incisos los requisitos para la obtención de la licencia de conducir.

Dómina aclaró que el bloque de Unión por Córdoba no se opone a priori ni desconoce eventuales beneficios en materia de seguridad vial que pudiera conllevar la adhesión a la Ley Nacional de Tránsito (que no se mencionan en ninguna parte), sino que señala que la aprobación sin estudio, “por razones puramente políticas y coyunturales” (la ley data del año 2008), resulta “irresponsable”, por cuanto “implica resignar la jurisdicción cordobesa y someterse a ciegas a reglamentaciones y dispositivos resueltos en otro ámbito, en los que el Municipio no tiene participación, con las consiguientes derivaciones que pesarán sobre los vecinos”.

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