jueves , 14 de noviembre, 2019

Desestiman la denuncia contra Gils Carbó por el nombramiento de fiscales subrograntes

Lo resolvió el juez Casanello por considerar que el nombramiento de fiscales es una práctica “no novedosa” llevada adelante desde gestiones previas a la de la actual funcionaria.

El juez federal Sebastián Casanello resolvió desestimar la denuncia contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien había sido acusada por el senador radical Mario Cimadevilla de realizar nombramientos de fiscales ad hoc y subrogantes en forma irregular al considerar que el nombramiento de fiscales subrograntes es una práctica “no novedosa” llevada adelante desde gestiones previas a la de la actual funcionaria.

Agregó que la decisión fue avalada en base a “los principios que gobiernan el organismo” y que “emanan del artículo 120 de la Constitución Nacional”.

“El Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia” ante una situación “excepcional en la que faltan fiscales”, consideró Casanello al desestimar la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, según la resolución a la que accedió Télam.

Según la denuncia de Cimadevilla, a partir de la cual el fiscal Guillermo Marijuan había pedido abrir una investigación penal, Gils Carbó realizó varios nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes, uno de ellos a Carlos Gonella, titular de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y a quien se criticó por supuestamente omitir denunciar en un primer momento al empresario Lázaro Báez.

En su fallo, Casanello consideró que la práctica de nombrar fiscales ad hoc o subrogantes no es algo novedoso, sino por el contrario viene de antaño a la gestión de Gils Carbó y está avalada en base a “los principios que gobiernan el organismo”.

“El Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia” a raíz de la situación “excepcional en la que faltan fiscales”, según el magistrado.

Marijuan, el mismo que el viernes pasado imputó a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero en la causa en la que venían ya siendo investigados Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, había días atrás pedido emprender una investigación contra Gils Carbó y en función de ello requerido varias medidas de prueba.

La denuncia fue luego que se conoció que la Procelac firmó junto con el fiscal subrogante Ramiro González el primer impulso fiscal por lavado de dinero, y se dejó afuera de la misma a Báez. Ante ello, se realizó la denuncia en la que se cuestiona una treintena de nombramientos realizados por la Procuradora.

“La reforma constitucional de 1994 dotó al Ministerio Público Fiscal de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera pero al mismo tiempo le imprimió un mandato sumamente claro; promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad -lo que, en nuestro caso´- se traduce en promover la acción penal pública- y de los intereses generales de la sociedad”, explicó en su resolución el magistrado.

El Ministerio Público Fiscal, agregó, “tiene una jefa máxima de todos los fiscales -la Procuradora General- la que coordina su accionar y fija las líneas de la política criminal y de persecución penal. Por ende, su organización es de tipo piramidal y actúa bajo los principios de jerarquía, unidad de actuación y coherencia institucional. Esto traza una diferencia diametral con el Poder Judicial, donde rige el principio de horizontalidad”.

“El tipo de designaciones cuestionadas posee respaldo normativo”, concluyó Casanello.

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