sábado , 20 de julio, 2019

De la Sota insistirá en la vía judicial

En marzo, la Provincia irá otra vez a la Corte Suprema, ahora contra la retención del 15% de la coparticipación.

En lo que sería una agudización del conflicto político con la Nación, el Gobierno provincial no descarta en los próximos días llevar a la Justicia otros reclamos que hoy lo enfrentan con la administración de la presidenta Cristina Fernández.

Dos ministros provinciales confirmaron a este diario que el gobernador José Manuel de la Sota les advirtió de la estrategia en una reunión de Gabinete, y que hasta les pidió que acercaran a la Fiscalía de Estado cualquier caso de obstaculización política por parte de la Nación que haya impedido concretar una obra o una gestión en cualquier área de la administración provincial.

No se trata de una nueva estrategia. En noviembre pasado, en un viaje a San Pablo, Brasil, para participar como invitado en una convención de empresarios, el gobernador había anticipado a este diario que llevaría a la Justicia cada asunto que no tuviera solución, en su traumática relación con la Rosada.

“Siempre hemos pedido diálogo, pero si el Gobierno nacional persiste en su actitud de querer perjudicar a Córdoba, recurriremos a la Justicia federal todas las veces que haga falta. Insisto que el diálogo es el mejor camino para resolver los problemas en un sistema democrático, pero parece que para algunos, hablar es un síntoma de debilidad. Esto una barbaridad”, argumentó en aquel momento el mandatario.

Ya hay algunos casos que están en estudio de la Fiscalía de Estado. Uno es la decisión del Gobierno nacional de repartir de manera directa a los municipios 1.129 millones de pesos, que supuestamente quedaron como superávit fiscal del ejercicio del año pasado. El propio jefe de Gabinete, Oscar González, había adelantado que la Provincia estudiaría este mecanismo, al que calificó como una “pulverización” del federalismo.

Los funcionarios delasotistas consideran que si esos 1.129 millones que el kirchnerismo destinará a asistir a municipios con “dificultades financieras” son fondos que provienen de la recaudación de impuestos, correspondería que fueran distribuidos a las provincias por índice de coparticipación. Esa es la cuestión que se analiza.

Otro reclamo contra el poder central que aún no tiene solución es la demora en remitir los 600 millones de pesos que la Provincia puso para hacer obras de infraestructura y viviendas (la mayor parte durante los últimos dos años de la gestión de Schiaretti), y que la Casa Rosada no envía.

Estas obras iban a ser financiadas por la Nación, pero como los recursos no llegaban, la Provincia adelantó los fondos para no detener los trabajos, con el compromiso de que luego el Ministerio de Planificación Federal iba a regularizar los pagos. Eso nunca ocurrió.

El último tema que tendría un próximo ingreso a los estrados judiciales es el reclamo de que la Nación le devuelva a Córdoba el 15 de coparticipación que le descuenta para solventar el sistema previsional nacional. Esto, debido a que hace más de dos años que la Nación no envía un peso para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Ante una consulta de este diario, el jefe de Gabinete manifestó que “a más tardar en marzo” se concretaría la presentación ante la Corte Suprema.

El año pasado, De la Sota hizo aprobar una ley que denunciaba el incumplimiento del Pacto fiscal de 1992 por parte de la Nación y que facultaba al Ejecutivo a reclamar varios millones de pesos retenidos. Pero hasta ahora no concretó un planteo al respecto, lo que generó algunas críticas de la oposición local, que había avalado casi por unanimidad esa norma.

 

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