sábado , 19 de octubre, 2019

Crean una comisión para evaluará la salud de represores presos

Tras la fuga de dos represores la semana pasada, los ministerios de Defensa, Salud y Justicia firmaron un convenio para crear un organismo que determinará si los condenado por delitos de lesa humanidad deben continuar internados en centros de salud.

Los ministro de Defensa, Agustín Rossi, Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de Salud, Juan Manzur, rubricaron esta mañana un convenio que establece la creación de una Comisión de Asesoramiento Médico, la cual se encargará de revisar los antecedentes médicos de imputados, procesados o condenados en causas de delitos de lesa humanidad, que se encuentren internados o bajo tratamiento ambulatorio en dependencias hospitalarias de las Fuerzas Armadas.

En el Salón Belgrano del Edificio Libertador, el ministro Rossi anunció: “Tenemos la directiva de la Presidente de conformar una comisión médica asesora entre los tres Ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares”.

El titular de Defensa explicó que el informe de dicha evaluación “será elevado a la Justicia, para determinar si aquellos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en dichos centros asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes”.

Asimismo, especificó que en el marco de este convenio “Defensa tiene la tarea de recabar la historia clínica de cada uno de los prisioneros, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales de las Fuerzas Armadas y, a partir de allí, junto con los otros dos Ministerios, proceder a una evaluación y tomar las decisiones que correspondan”.

Finalmente, Rossi afirmó: “El último viernes adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio. Buscamos así evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada”, en relación con la fuga de dos represores, Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi, del Hospital Militar Central, ubicado en Luis María Campos al 700.

El Gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien pueda aportar datos fehacientes de ambos.

Por su parte, Alak subrayó que la “medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La Presidente siempre reitera que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar todos los derechos humanos, pero que también no deben existir privilegios“.

Además, agregó: “Este acuerdo interministerial apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada, y si esa prestación tranquilamente se puede brindar en el Hospital de Ezeiza que tiene los servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes como para poder albergar a civiles y militares que estén imputados por crímenes de lesa humanidad”.

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