jueves , 12 de diciembre, 2019

Córdoba irá a la Corte Suprema por la deuda de la Caja

El gobierno provincial considera agotadas las vías administrativas y judicializará el reclamo por compromisos no cumplidos desde la Nación.
Finalmente, el gobierno de Córdoba recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para reclamar lo que la Nación le adeuda por la Caja.
Cumpliendo con lo advertido durante la semana, primero por el jefe de Gabinete Oscar González en una reunión mantenida en la Legislatura con legisladores provinciales y nacionales, y luego a través de una nota firmada por el propio gobernador José Manuel de la Sota, el gobierno provincial considera agotadas las instancias administrativas formales.
Según trascendió, en la acción que se promoverá hoy lunes, la Provincia exigirá unos 1.040 millones que se deberían haber abonado durante el 2011, en función del convenio firmado oportunamente por Juan Schiaretti ante el máximo órgano de Justicia.
La presentación a la Corte resaltará que no se trata de un pedido de ayuda financiera a la administración kirchnerista, sino de un reclamo que la gestión delasotista considera justo. Tales conceptos ya habían sido señalados por el propio De la Sota el pasado lunes 17 de julio, en una rueda de prensa brindada en la sede de la Gobernación.
La misma exposición destaca además que se llegó a esta instancia tras sucesivos pedidos de diálogo que no fueron respondidos, por lo que esperan que la Corte abra un espacio para el diálogo.
De larga data
Los reclamos de la Provincia iniciaron ya en 2011.
A medidados de dicho año, el ex gobernador Juan Schiaretti firmó un acuerdo con el gobierno nacional, por el que se establecía el envío de fondos desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a la Caja de Jubilaciones de Córdoba para cubrir los eventuales déficits generados por insuficiente recaudación propia.
No obstante, meses después, el propio Schiaretti denunció el incumplimiento de dicho convenio, señalando la existencia de una millonaria deuda.
Tras varios reclamos a la Nación, el ex mandatario realizó la primer advertencia sobre una eventual presentación a la Corte Suprema. Aunque nunca concretó tal amenaza, sentó un precedente que hoy también es refrescado por la gestión de De la Sota.
Precisamente, tanto el actual gobernador como el jefe de Gabinete, Oscar González, realizaron varios pedidos públicos, señalando el incumplimiento de aquel acuerdo.
Tras una tregua, los reclamos se agudizaron en mayo, luego que la Provincia obtuviera una autorización para la emisión de títulos públicos.
Desde ese momento, la Gobernación comenzó a exigir una cifra superior a los 1.500 millones de dólares, entre los que incluyó también montos por obra pública ejecutada.
A fines de dicho mes, en una exposición ante el Senado nacional, el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Pablo Abal Medina desconoció la existencia de deuda con Córdoba, al tiempo que responsabilizó a la provincia por no cumplir con aquel acuerdo.
Aunque inmediatamente el propio González minimizó el alcance de la polémica, sólo 15 días después los legisladores nacionales de Unión por Córdoba anticiparon que los plazos de espera por la llegada de los fondos se estaban agotando, señalando a julio como el mes crucial.
Tal amenaza, relativizada por los legisladores nacionales del Frente para la Victoria, comenzó a concretarse el pasado 4 de julio, cuando el mismo Abal Medina repitió sus conceptos, ahora ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Desde ese momento, a través de los medios, y mediante notas (además de la referida, el mismo González había enviado una misiva a la ANSES el 18 de julio), el gobierno de Córdoba intimó a la Nación a brindar una respuesta a los reiterados reclamos, sin obtener un resultado favorable hasta el momento.
Santa Fe
Cabe señalar, como antecedente, que en 2010 la provincia de Santa Fe acudió ante la Corte Suprema de Justicia, por considerar inconstitucional la práctica de una detracción del 15 por ciento de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sistema de previsión social de la Nación.
Desde ese momento, el máximo tribunal argentino ha convocado a distintas audiencias conciliatorias, sin haberse expedido sobre la cuestión.
Precisamente, la presentación de Córdoba deja constancia de la predisposición de la Provincia para participar de audiencias similares.

 

 

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