lunes , 9 de diciembre, 2019

Condenan a un policía que requería favores sexuales a una subordinada

El TSJ confirmó la sentencia impuesta por el delito de coacción reiterada. El hecho había ocurrido en 2012 en una dependencia policial de Río Cuarto.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la condena a dos años de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de un año impuesta a un cabo primero de la Policía provincial por haber requerido favores sexuales a una mujer cabo bajo la amenaza de que, si no cumplía, elevaría un informe negativo sobre ella.

El hecho sucedió en marzo de 2012, cuando el imputado había quedado transitoriamente a cargo de una sección donde también se desempeñaba la víctima.

En su voto, el vocal Sebastián López Peña esgrimió que la conclusión a la que había llegado la Cámara en lo Criminal y Correccional de 1º Nominación de la ciudad de Río Cuarto lucía “coherente con el marco probatorio”. En ese sentido, expresó que, en primer lugar, aquel tribunal se había basado en los dichos de la propia víctima, “la cual narró -detalladamente- las circunstancias en que acaecieron los sucesos (verbigracia: en la oficina donde ambos prestaban servicios, durante la jornada de trabajo, las manifestaciones de índole sexual del imputado y su amenaza ante la negativa, etc.), como su estado de angustia y aflicción ante lo sucedido”. A ello hay que sumar “lo argüido por otras personas, las cuales, si bien no fueron testigos presenciales de los hechos, no obstante ello, brindaron con sus testimonios verosimilitud a lo declarado por la víctima”.

Asimismo, López Peña destacó que el propio imputado “narró detalladamente ciertos aspectos que coinciden claramente con lo evidenciado por la damnificada, específicamente, en orden al contexto en que acontecieron los requerimientos de índole sexual y la amenaza ante la negativa de cumplimiento de lo intimado”.

En definitiva, “sí demuestra la verosimilitud de lo descripto por la víctima en orden a las circunstancias de lugar y tiempo, entre otras consideraciones, en que acontecieron los sucesos”.

Por otra parte, López Peña subrayó que la acción típica imputada “consiste en hacer uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”; es decir, “importa, pues, el anuncio, por parte del autor, de un daño que recaerá sobre la víctima o un tercero”.

En la misma dirección, precisó que dicha “amenaza debe ser injusta; es decir, que quien la infiere no debe estar legitimado civil o penalmente para hacerla; seria, esto es, que el daño sea de posible realización por el autor en el caso concreto o -aunque objetivamente imposible- que la víctima crea en dicha posibilidad; y grave: el mal anunciado debe ser idóneo para alarmar o amedrentar al sujeto pasivo”.

A partir de lo anterior, el TSJ consideró demostrado que la víctima “creía en la posibilidad de que el imputado efectuara un informe desfavorable en su contra y que ello conllevara a un detrimento en su carrera policial”, porque lo trascendente es la aptitud de la amenaza de “causar alarma o temor”.

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