jueves , 19 de septiembre, 2019

Concesionaria de ruta deberá indemnizar por accidente ocasionado por animales sueltos

La Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba confirmó que la firma Caminos de las Sierras S.A. deberá indemnizar a un conductor por los daños sufridos como consecuencia de un accidente ocasionado por la presencia de animales sueltos en la autopista que une la ciudad de Córdoba con Carlos Paz, que el automovilista transitaba diariamente por razones laborales. El tribunal ratificó así la tesis de que la relación jurídica que vincula al usuario con el concesionario de una ruta, que percibe por ello el cobro de un peaje, se enmarca en la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24240), que exige a la empresa extremar el deber de seguridad en aras de la protección de la vida de quienes circulan por la ruta.
La Cámara desestimó el recurso de apelación planteado por la empresa contra la sentencia del Juzgado de 47º Nominación del mismo fuero, que había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida por el damnificado y que había condenado a Caminos de las Sierras S.A. y al Gobierno de la Provincia a abonar, en forma solidaria, la suma de 5.090 pesos. No obstante, como el tribunal admitió el recurso articulado por el Gobierno, por entender que “el Estado no es susceptible de asumir responsabilidades sobre consecuencias dañosas producidos por hechos que no se relacionan con su intervención directa”, la firma deberá correr íntegramente con la indemnización.
Como la empresa había esgrimido que la obligación de las concesionarias no consiste en asegurar un determinado resultado, la vocal Silvia Palacio de Caeiro pasó revista a las cuatro tesis ensayadas doctrinariamente para encuadrar jurídicamente la responsabilidad de los concesionarios de rutas con peaje: relación extracontractual, relación contractual de derecho privado, situación obligacional y relación de consumo. Finalmente, consideró que esta última posición, que viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la propia Cámara, es la más adecuada, en tanto “hoy en día se privilegia al damnificado por encima del interés del mercado, a cuyo fin se asigna el carácter propio de una relación de consumo al vínculo entre el concesionario y el usuario, ampliando así la estructura protectoria de éste”. Luego agregó que dicha tesitura supone “la consagración de una obligación de seguridad muy estricta (artículo 5, Ley 24240), que para muchos es de resultado, lo que se armoniza con los deberes de información (artículos 6, 25 y 28 de la citada ley) y el principio ‘in dubio pro consumidor’ (en caso de duda, a favor del consumidor)”.
La camarista argumentó que, “en una ruta de las características de intenso flujo de tránsito y congestión como la que presenta el trayecto Córdoba-Carlos Paz, cuya longitud no es excesiva ni elevada, es evidente que las diligencias exigibles al concesionario para tener por cumplido su deber de seguridad de resultado deben extremarse”. “Las posibilidades materiales de prevención por parte de la concesionaria deben ser idóneas y eficientes y, en esa idea, no parece el comportamiento de Camino de las Sierras S.A. como el más acorde con el que las circunstancias de modo, tiempo y lugar le exigían para garantizar la seguridad del tránsito”, acotó en el voto al que se adhirieron los vocales Walter Simes y Alberto Zarza.
Por último, para concluir que, en cambio, sí era procedente la defensa esgrimida por el Gobierno (excepción de falta de acción), los camaristas subrayaron que el demandante “no ha atribuido a agentes públicos ni a órganos provinciales ninguna suerte de omisión o comisión, por lo que no cabe derivar ni endilgar responsabilidad a la Provincia de Córdoba por incumplimiento de sus deberes”. “El juzgamiento de las facetas y conductas que exige el poder de policía de seguridad en las rutas se relaciona estrechamente y está en directa proporción con las debidas diligencias que el poder estatal debe observar, pero no puede predicarse en abstracto o mediante generalizaciones”, afirmaron.