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Lo dispuso el juez Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por supuesto cobro de coimas para la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento. La medida alcanza también a otros 49 imputados.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó ayer a declaración indagatoria al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, a su ex segundo Roberto Baratta y al empresario Ángel Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y otros 46 imputados entre funcionarios y empresarios en el marco del Caso Odebrecht por el supuesto cobro de coimas para la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento.
La medida alcanza también a los empresarios Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo y a
Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, señalado como supuesto intermediario en las maniobras sospechadas.
En la resolución, el juez entendió que las pruebas “permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas” a funcionarios.
Por este motivo, el magistrado también convocó al ex secretario de Obras Publicas José López y a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.
En cuanto a los empresarios, citó a indagatoria a integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA, del consorcio que se adjudicó las obras. Entre los citados están, además de Calcaterra, Santiago Altieri (IECSA SA); Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (Ghella SA); Ignacio Soba Rojo (CAESA SA).
“Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular” de la licitación, sostuvo el juez.
En este sentido, Martínez de Gorgi advirtió que “se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras:
1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes.
2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”.
