jueves , 22 de agosto, 2019

Algunos mails habrían digitado los allanamientos en SGI

La posible existencia de un “back up” de papers oculto por Federico Elaskar y la participación de un poderoso sindicalista para promover la causa son elementos que podrían ayudar a acelerar la investigación en el caso Lázaro Báez.
Hasta ahora el expediente con sus “efectos colaterales” avanza con más celeridad en Uruguay que en los tribunales porteños por lo que esa pesquisa derivada de la compra del contador Daniel Pérez Gadín por 14 millones de dólares de la estancia “El Entrevero” también terminaría vía exhorto en el país.
La jueza uruguaya especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez indagaron el lunes al escribano Adolfo Pittaluga Shaw y al broker Alejandro Perazzo, que fueron parte en la operación de venta de “El Entrevero”.
En el país oriental hay una legislación desde 2009 que obliga a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ventas millonarias o efectuadas con fondos sospechados de lavado de dinero o narcotráfico.
El 14 de abril, a partir de la puesta en el aire de un informe en Canal 13 sobre el titular de Austral Construcciones y las revelaciones de Federico Elaskar y Jorge Leonardo Fariña quedó al descubierto una supuesta trama de lavado de dinero producto de licitaciones con el Estado.
Báez realizó su descargo en una conferencia de prensa y presentó querellas contra Fariña y Elaskar. El juez Sebastián Casanello aún no lo citó a declarar aunque el fiscal Guillermo Marijuán requirió su testimonio y el de su hijo, Martín.
La estancia con 150 hectáreas ubicada en José Ignacio fue adquirida por la sociedad Jumey de Pérez Gadín, ex contador de Báez y propietario de la “Rosadita”, según denunció Elaskar.
En su declaración indagatoria, Elaskar, ex dueño de SGI -financiera Southern Global Investment- negó haber participado de la compra en Uruguay.
En cambio, en la justicia hay dudas sobre la verosimilitud de las afirmaciones y seguirán investigando cómo y quiénes participaron. Acá es clave el trabajo que llevan adelante los funcionarios uruguayos.
La demora judicial para concretar allanamientos jugó a favor del posible vaciamiento depruebas como, por ejemplo, pudo observarse en los registros de videovigilancia los días 12 y 18 de abril, en el edificio Madero Center, donde funciona SGI.
Por esta revelación, los 7 empleados de SGI volvieron a prestar declaración en los estrados judiciales y de la diligencia surgió que Sebastián Pérez Gadín, hijo de Daniel, estuvo en el contingente encargado de vaciar las oficinas antes de los allanamientos.
Infobae reconstruyó que un juez y un dirigente político tienen en su poder el recorrido del pedido de allanamiento pero que se fue modificando el 18 de abril.
Al menos son tres escritos con correos electrónicos que viajaron entre fiscalías, en Comodoro Py. Y por lo menos dos envíos “corregidos” por parte de Carlos Gonella, de la Procelac, al fiscal Ramiro González evitando nombres.
El 20 de diciembre de 2012, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a cargo de Gonella.
El ex fiscal general, que coordinó las megacausas por delitos de lesa humanidad en Córdoba, siguió de cerca por intermedio de Omar Orsi, también del ministerio Público, el primer oficio “oficial” que saldría solicitando allanamientos.
Sólo los nombres de Fariña y Elaskar quedaron estampados en los pedidos mientras que en los originales se mencionaba, además de estos dos, a los Báez, Pérez Gadín y hasta a un ministro.
El 3 de mayo, a diferencia del oficio del 18 de abril, Marijuán exigió medidas de pruebas en cantidad a todas las oficinas públicas y allanamientos.
La dilación de los operativos generó que un escenario proclive para que en SGI pudiera perderse pruebas, las bóvedas de Báez y sus cajas de seguridad en banco Santa Cruz, que estaban en cero cuando la gendarmería llegó.

 

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