domingo , 15 de septiembre, 2019

Admiten como querellante a legisladores opositores en la causa “Ansenuza”

La jueza Barale aceptó como querellante a la organización ASOMA, la cual tiene por finalidad luchar contra la corrupción y que está integrada por Quinteros y Montero, con el patrocinio de García Elorrio.

La jueza de Control y Faltas n.º 2 de la ciudad de Córdoba, Laura Barale, admitió ayer como querellante particular a la asociación civil Acción Solidaria por una Mejor Argentina (ASOMA), de la cual forman parte los legisladores Juan Pablo Quinteros (presidente) y Liliana Montero (secretaria), entre otros, en la causa en la que se investiga la presunta malversación de caudales públicos con motivo de la contratación y construcción del hotel Ansenuza.

La magistrada hizo lugar parcialmente a la oposición planteada por los directivos de la asociación, patrocinados por el legislador Aurelio García Elorrio, contra la resolución de la Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Quinto Turno, que había rechazado la participación de ASOMA en la causa.

En cambio, la jueza rechazó la recusación promovida contra el fiscal a cargo de la causa “por resultar manifiestamente improcedente”.

Para admitir a la organización, la jueza Barale analizó si ASOMA estaba debidamente conformada y si su objeto se vinculaba con los hechos denunciados e investigados. “Nos encontramos con que la pretensa querellante particular resulta ser una asociación intermedia (simple asociación civil) que, entre sus fines estatutarios, se encuentra ‘la lucha contra la corrupción, en todos los niveles, tanto en el ámbito público como privado’, y los hechos que dieron comienzo al presente proceso penal se enmarcarían en presuntos ilícitos que comprometerían los fondos del erario público en el diseño, contratación y ejecución de la obra denominada ‘Hotel Casino y Spa Ansenuza’, ubicada en la localidad de Miramar, propiedad de la Lotería de Córdoba S.E.”, esgrimió.

“Ante ello y debiendo examinarse si la administración provincial actuó debidamente en el manejo de los fondos públicos, para lo cual se tomó como hipótesis de investigación la figura penal de malversación de caudales (art. 260, Código Penal), se observa una vinculación entre el objeto social de la entidad requirente y el bien jurídico protegido por la norma en cuestión”, funtamentó la magistrado.

Asimismo, en la resolución se destacó: “Se advierte, entonces, que nos encontramos ante posibles y eventuales hechos que serían pasibles de ser vinculados con actos de corrupción en contra de la administración pública, cuestión que excede el interés individual y trasunta en un interés colectivo, en virtud de lo cual su esclarecimiento e investigación se vincula con el objeto social de la simple asociación ASOMA (lucha contra la corrupción), el cual propende a la defensa del bien jurídico que aquí se vería vulnerado (el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado o el debido manejo de los fondos públicos)”.

Por último, la jueza destacó que “la importancia de la investigación de los hechos de corrupción no solo radica en la protección del bien jurídico contra el cual atentan, que consiste en la actividad diligente y legítima que deben llevar a cabo aquellos funcionarios sobre los cuales se ha depositado una confianza especial -sobre quienes pesa, en consecuencia, un deber particularizado-, sino también porque nos encontramos ante delitos que podrían conectarse con la delincuencia organizada y ello se refleja en los preámbulos tanto de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, como de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

En ambos instrumentos, según la resolución, “se ve reflejada la voluntad del Estado Argentino en investigar las causas conexas con actos de corrupción, así como también la perspectiva de que, para que dichas indagaciones sean efectivas, es posible y propicia la participación de asociación intermedias que tienda a tal fin”.

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