lunes , 19 de agosto, 2019

Nota editorial: Zafar

“No estamos como nos gustaría, pero estamos arriba”, se sinceró un hombre del entorno delasotista al ser consultado sobre la marcha de la campaña electoral. El final de la frase: “pero estamos arriba”, es algo inimaginable que podría pronunciar ese mismo funcionario hace casi 30 días atrás cuando le pronosticó al mismo periodista un triunfo seguro y cómodo de Unión por Córdoba.

Las encuestas de la Capital cordobesa (al menos las realizadas por encuestadores que en los últimos turnos electorales han estado muy próximos al resultado final) indican que el candidato radical Oscar Aguad está por encima del oficialista Juan Schiaretti por más 5 puntos, en realidad más próximos a los 6.

La primera mala noticia recibida por los hombres del gobernador José Manuel de la Sota es que los votos que cosechó el intendente de San Francisco Martín Llaryora en las Paso no se estarían transfiriendo a la lista a la cual se integró y que encabeza Schiaretti. Y en el interior no logran incrementar la ventaja sobre el dirigente radical. El jefe de Gabinete, Oscar González, personalmente dio instrucciones para presionar sobre los intendentes radicales, que tienen dependencia de las finanzas provinciales, para que no se entusiasmen tanto con el candidato radical. Dirigentes territoriales del justicialismo habían advertido a los habitantes del Panal que Aguad estaba encabezando reuniones muy numerosas en el interior.

Pero sin dudas, lo que mortifica a los hombres del Gobernador es el avance del proceso que involucra a los narcopolicías. Esta semana, tres nuevos hechos crisparon los ánimos delasotistas. La aparición en los medios del fiscal provincial Emilio Drazile, quien sorprendió no sólo por su modo campechano, poco habitual en un fiscal, menos aún con semejante causa como la que instruye: el suicidio del policía Juan Alós.

El fiscal, al ser entrevistado por el periodista Miguel Clariá, respondió relativizando algunas cosas que se merecían otra explicación, como por ejemplo, si era verdad que en el domicilio del detenido policía Mario Osorio se habían encontrado prendas del Alós. “Eso ya está aclarado por la propia viuda”, dijo el fiscal para luego afirmar que él sabía que después le iban a traer peritos y expertos que iban a contradecirlo.

La pregunta que quedó flotando es: ¿Por qué le harían eso al fiscal? ¿A quién se refería? El grado de improvisación del propio fiscal melló su credibilidad mucho más que lo hubiese hecho cualquier crítica proveniente de otro lado.

El segundo hecho fue la doble decisión de la viuda de Alós, Rossana Luna, también policía, de por un lado reemplazar a su abogado por el conocido hombre de leyes Carlos Nayi, y por otro, presentarse ante el fiscal Enrique Senestrari para manifestarle que ella tenía dudas sobre la muerte de su esposo.

El tema no es menor. Habían sido llamativas las constantes referencias del fiscal Drazile a que la querella particular, es decir la viuda, lo acompañaba en sus decisiones procesales. Que Alós no había muerto en el lugar donde fueron esparcidas las cenizas de su padre y que le resulta extraña a la viuda la redacción de la carta de despedida de su marido fueron tan sólo algunas de las referencias que Nayi reveló a la prensa y ya convierten al Caso Alós en una brasa candente dentro del ya volcánico caso de policías vinculados a narcotraficantes.

El tercer hecho lo constituye la decisión del juez federal Ricardo Bustos Fierro de denegarle la eximición de prisión a Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas de la Policía provincial. El policía licenciado ha hecho saber a los medios más importantes que no tiene inconveniente alguno en ser entrevistado. El narcoescándalo sigue encontrando a la administración delasotista sin reflejos para tomar medidas que den un mensaje claro por parte del poder político.

El campamento del intendente Ramón Javier Mestre también tuvo su sacudida esta semana cuando a raíz de un programa televisivo el viceintendente Marcelo Cossar debió salir públicamente a negar cualquier tipo de relación con traficantes de la seccional 5° de la Capital. Simultáneamente, debió aclarar también lo concerniente a la operación inmobiliaria por la cual permutó su casa de barrio Cerro Chico por una en el Country El Bosque de esta Capital. El concejal Daniel Juez, hermano del senador nacional Luis Juez, denunció penalmente a Cossar por las omisiones y/o imprecisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales. Los escándalos alrededor de temas patrimoniales siempre han mostrado al radicalismo con mandíbula de cristal si se lo compara con el justicialismo.

Sin embrago, la posibilidad de tener que afrontar un problema inesperado no es un tema de preocupación para los radicales. Los justicialistas, en cambio, se entusiasman con la posibilidad que la atención mediática los deje descansar unos días de la tormenta desatada por la investigación de Senestrari. Días atrás un dirigente justicialista, siempre vigente y que supo tener sus día de mayor poder con la gestión de Schiaretti, desnudó en un acto de sinceridad extrema los índices de mediocridad al que ha caído la política cordobesa al expresar: “Cómo están las cosas la estrategia electoral se resume a que llegue pronto el 27 y zafar”.

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