miércoles , 17 de julio, 2019

Nota editorial: Gestionar para el aplauso

“Es una locura, nunca nos preguntaron la viabilidad de eso”, le dijo un estrecho colaborador del ministro de Educación Walter Grahovac a un periodista local, en relación a una iniciativa legislativa que sonaba en los medios.

El gobernador José Manuel de la Sota, un obsesivo de las encuestas, es afecto a tomar decisiones basadas más en el humor social que en la visión planificadora del Estado. Quizás  esa tendencia, recientemente plasmada en su afición twitera, esté haciendo escuela y sea la razón que llevó al presidente del bloque de legisladores provinciales de UPC, Sergio Busso, a presentar un proyecto para instalar cámaras de vigilancia en guarderías y geriátricos.

El legislador reconoció que se inspiró en el doloroso hecho del jardín de infantes de San Isidro, Tribilín donde un padre descubrió que su hijo y sus pequeños compañeritos eran víctimas de aberrantes maltratos. La iniciativa contempla que los padres, mediante una clave, puedan acceder desde una web a las imágenes de lo que está sucediendo con sus hijos.

Lejos de estar mal, lo deseable es que la legislación acompañe los cambios de hábitos y  conductas, dejando a salvo aquellos pilares pétreos del sistema legal que otorgan seguridad jurídica. Pero en la Argentina, la legislación pasa de ser estática a una suerte de “histeriquismo”, basada muchas veces en el humor de un momento que con un cambio cultural.

El dolor sacude, sensibiliza y no falta quienes lo aprovechan para obtener algún rédito. Ejemplos sobran: el expresidente Carlos Menem cuando el hijo de un amigo suyo, histórico dirigente gremial, fue secuestrado y asesinado, se manifestó a favor de incorporar la pena de muerte en la legislación. Algo similar ocurrió años después, con el fenómeno Blumberg, que movilizó miles de personas pidiendo pena de muerte para el secuestro seguido de muerte, movilizados por el falso ingeniero que lloraba la brutal muerte de su hijo Axel.

No todos los ejemplos son negativos. La absurda muerte del soldado Carrasco terminó con el servicio militar obligatorio, un avance cultural. Pero estos ejemplos son los menos.

Que la gente producto de su angustia o impotencia pida cambios en el orden legal y que el humor colectivo avance en determinada dirección es lógico, para ello existe el mecanismo constitucional de la “iniciativa popular” que permite al ciudadano común-requisitos mediante- presentar proyectos de ley para ser tratados.

Lo que resulta inadmisible es que, quienes tienen la responsabilidad gobernar o legislar lo hagan con los vaivenes del humor social y no con la ponderación necesaria. Si no se esperara de quienes son votados por la gente, un mínimo de abstracción de la coyuntura para ver un poco más allá, estaríamos frente a una democracia directa y no representativa como tenemos.

Conocida la idea de poner cámaras en las guarderías y geriátricos, previsiblemente los programas periodísticos del día viernes se llenaron de mensajes de padres diciendo que les daría mucha tranquilidad tener esa posibilidad. También se escucharon especialistas en educación que alertaron sobre los riesgos pedagógicos de implementar la mencionada iniciativa. No faltaron, los comunicadores que dijeron “hay que hacer y no analizar tanto” haciendo un aporte más a la falta de sensatez.

Queda claro que para la confección de su proyecto, el legislador delasotista consultó más a su asesor de prensa que a un pedagogo, pero más allá de esas cuestiones, queda visible la falta esencial de sentido común en el tratamiento de este tema ¿Qué duda cabe que todos quienes vieron el horror de lo que ocurría puertas adentro del Jardín de San Isidro no querríamos que nunca más ocurra eso? ¿Qué padre no estaría tranquilo si la tecnología le permitiera ver qué hace su pequeño hijo cuando no está bajo su cuidado? Pero el sentido común indica razonar en sentido más amplio, sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

Si el mencionado proyecto se convirtiera en ley, ¿Quién le garantiza a los padres la conducta de todos los que tendrán accesos a esas cámaras? Hay que tener presente que más allá del impacto que nos produjo las revelaciones del jardín Tribilín, muchas veces la escuela ha permitido detectar casos de maltrato familiar, estadísticamente han sido más maestras que han detectado abusos hogareños en alumnos, que padres escuelas abusadoras.

La simpleza para solucionar casos similares raya en la torpeza. En el sistema bancario se utilizan cámaras de vigilancia, pero son observadas por personal asignado a tal efecto, no por todos los clientes que concurren al banco. Las cámaras instaladas en la vía pública no le otorgan una clave de acceso a todos los vecinos que viven en la cuadra, lo cual es lógico, porque si los bancos y la vía publica tuvieran la lógica del proyecto cordobés, ante un hecho delictual la lista de sospechosos sería interminable.

A la peligrosa tentación de legislar para el aplauso, se le suma la de justificar el retiro del Estado. En esa idea de sociedad, donde los impuestos pagados, poco sirven para dar seguridad, una familia debería ver en un monitor como está la salita de la guardería donde está el más pequeño, y a la noche monitorear con otra cámara que el boliche al que asiste el hermano mayor no esté rodeado de barrancas peligrosas o que los materiales del boliche sean los adecuados.

Si lo que se quiere es mejorar la calidad de los servicios educativos, se deberá asignar personal especializado para que mediante cámaras monitoree lo que ocurre en todos los establecimientos educativos, pero para ello se deberá asignar más presupuesto al área educación aunque esto signifique quizás gastar un poco menos en publicidad. Pero esto es parte de otra discusión, la cual, a los legisladores además de no darles prensa les está vedada. Curiosamente, las mayorías parlamentarias legislan más sobre las cuestiones del sector privado que para el sector público, otra característica de una Argentina que nunca deja de sorprender y donde Córdoba comienza hacer escuela.

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