domingo , 20 de octubre, 2019

Nota editorial: Estigmatización, una cuestión de Estado

Una buena nueva para los peronistas que no saben cómo dividir su apoyo a nivel provincial y nacional, sin sentir que traicionan a alguno de los candidatos debido a sus supuestas posturas irreconciliables, encontramos otro punto sobre el que acuerdan al 100 por ciento. Además, del acuerdo en la introducción al país de empresas extranjeras que explotan nuestros recursos naturales y dañan el medio ambiente, de la judicialización y represión de la protesta social, de la exclusión de los más pobres de tierras urbanas y de tener funcionarios con antecedentes muy sospechosos y presentes marcados por enriquecimientos millonarios en poco tiempo, los gobiernos de José Manuel de la Sota y Cristina Kirchner coinciden en la estigmatización de ciertos sectores sociales que no “sirven” al sistema de consumo y político que ellos proponen.

“En sociología, estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores”, según dicta el diccionario digital Wikipedia.

¿A quienes estigmatizan entonces uno y otro gobierno? Veamos.

Frente a cientos de empresarios nucleados en la Unión Industrial de Córdoba (UIC), De la Sota aprovechó para ir practicando discursos de campaña y la reacción que generan los mismos. No quiso dejar de hablar de nada, total los hombres de negocios estaban sentados y bien atendidos por el catering del Hotel Sheraton donde se desarrolló el 7° Coloquio Industrial.

Pero parecería que se desbocó y habló de más, aunque esta opción es poco probable debido a que seguía su discurso preparado en una carpeta que tenía en el estrado. Entonces, no fue un “desliz” cuando se refirió sobre los jóvenes trabajadores de la calle como delincuentes.

“Junto con la reforma económica tenemos que darnos cuenta que hay una juventud que está en emergencia, que necesitamos declarar la emergencia juvenil en el país, que aquellos que no lo vean desde el punto de vista social, al menos nos apoyen por su propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de un taxi cuando sale de un restaurant no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar paco”, fue una de las estrofas del Gobernador frente a los empresarios.

Y no son sólo palabras o discursos, esto se traduce claramente en la aplicación del polémico Código de Faltas mediante el cual la Policía de Córdoba está habilitada para detener a cualquier persona bajo figuras como el “merodeo” para “prevenir” el delito.

Sin embargo, no se detiene a cualquier persona. El blanco es claro: jóvenes, de barrios marginales, de tez oscura, con determinada vestimenta como por ejemplo llevar una gorra o capucha puesta. Ellos tienen prohibido pisar el centro o Nueva Córdoba ya que de lo contrario serán detenidos, llevados con sus manos arriba contra una pared o el móvil policial, denigrarlo frente a los demás transeúntes y en muchos casos llevarlos a la comisaría simplemente para averiguar antecedentes del mismo.

En 2011, se creó la Comisión de Reforma del Código de Faltas en el seno de la Legislatura de Córdoba. Durante el año pasado no se reunieron ni una vez, pero se gastaron 431 mil pesos, según un informe de La Voz del Interior.

Este año, se anunció que se reemplazará por uno de “Convivencia”, por el momento no hubo cambios, sino más bien un recrudecimiento de la estigmatización de los jóvenes pobres con los allanamientos masivos llamados “operativo saturación” donde se muestran a los aprehendidos en corralitos humanos o los excesivos controles policiales sobre motociclistas.

No obstante, la estigmatización sobre determinados grupos de población no es exclusivo del gobierno de De la Sota. El gobierno kirchnerista desde que asumió en el poder se jacta de conceptos como igualdad e inclusión social, de ser “el gobierno de los 40 millones de argentinos”, entre otros sloganes.

Entonces, me pregunto si para Cristina Kirchner los pueblos originarios, los qom, los wichis, quizás pertenezcan a los dos millones de personas restantes que no consideran “argentinos” y con ello, ciudadanos en igualdad de condiciones.

Poblaciones enteras sumidas en el norte argentino a la extrema pobreza, sin electricidad, sin agua potable, sin asistencia médica (más que la de algunas ONGs que se acercan a asistirlos), sin una vida digna. Y no sólo eso, son constantemente amedrentados por terratenientes que llegan con topadoras para arrasar con todo lo que se encuentre en su camino y expulsarlos de sus tierras. Si no son topadoras, son agroquímicos que fumigan desde el aire sobre sus casas y sus plantaciones.

Una carpa frente al Congreso no fue suficiente, los piquetes en las rutas provinciales tampoco. Todos ellos son respondidos de la manera más salvaje que puede elegir un “gobierno popular”, con balas, con gendarmería y con decenas de muertos.

No me queda ninguna duda en este breve repaso, la estigmatización de ciertos grupos que no conviene incluir a la sociedad que quieren estos gobiernos, es sin dudas una cuestión de Estado: planificada por el Poder Ejecutivo y llevada a cabo de la mano de las fuerzas policiales. 

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