martes , 20 de agosto, 2019

Nota editorial: Denuncias y elefantes

Es muy común encontrar en las encuestas que la gente le reclame al municipio prestaciones que le corresponden a la Nación o que le reclame al Gobierno central por competencias que son provinciales. Alguien puede decir que una ciudad no le gusta porque es insegura (algo que le corresponde garantizar a la Provincia) o señalar que una provincia no le gusta porque no genera empleo (algo que debería atribuírsele a la Nación y a su política económica). Todo esto ocurre porque el hombre común tiene una visión casi única del Estado, sólo al momento de analizar puntualmente un tema, como por ejemplo el transporte, la gente identifica al municipio como el responsable.

Esto explica por qué los cordobeses por estas horas tienen una sensación de desconfianza en el Estado en lo concerniente al llamado “escándalo de los narcopolicías”, que comenzó en la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y que ahora se desparrama hacia la Justicia Federal. A pesar de lo que muchos desearían, la gente no distingue jueces o fiscales provinciales o federales, lo mismo con la Policía.

El Gobierno provincial mandó a realizar encuestas para ver la magnitud del daño que le ha ocasionado la crisis policial. El resultado no es lo que los operadores del Gobierno le trasmitieron a algunos periodistas. Si bien sigue habiendo una alta valoración por la obra de la gestión delasotista, la mayoría de los encuestados ve al escándalo de los policías como un problema político y no policial. Eso enfurece al gobernador José Manuel de la Sota, quien en los primeros días del escándalo pretendió dibujar un escenario de una Policía “autónoma” del poder político, algo que nadie puede creer menos de un gobernador que años atrás en ocasión del motín de la cárcel de Encausados se dirigió a la población para recalcar que él había dado la orden de ingresar al penal y terminar con el motín.

La segunda reacción del Gobernador fue mandar a sus hombres a cargar contra los fiscales federales, pero las posteriores detenciones de los policías mencionados en el programa periodístico ADN, desmoronaron esa estrategia. Las esperanzas se depositaron en el juez federal Ricardo Bustos Fierro, un hombre que ha sabido sobrevivir en el intricado mundo de la Justicia Federal gracias a sus equilibrios políticos. Sin embargo, el juez encontró sustento jurídico en las actuaciones llevadas adelante por el fiscal Enrique Senestrari.

Los operadores del delasotismo decían por lo bajo que no había que descartar una operación del kirchnerismo atrás de los pasos de algunos funcionarios de la Justicia Federal. En la semana que transcurrió hubo cruces entre jueces y fiscales federales, De la Sota quiso ver una pequeña luz de alivio en que eso podría desviar la atención de los policías provinciales a la Justicia Federal, hasta se permitió afirmar que “era muy feo” todo lo que estaba ocurriendo en el edificio de la Ciudad Universitaria.

Poco duró el alivio. Uno de los protagonistas de la polémica judicial y fiscal federal, dijo que hay policías provinciales que hace cuatro años les mienten a jueces y fiscales. El problema es que lo dijo Gustavo Vidal Lascano, quien fue elegido por el propio De la Sota para ser fiscal General de la Provincia durante algunos años. Nadie de la administración provincial podría descalificar, al menos en su plano profesional, a un hombre que en su momento lo eligieron para ser jefe de los fiscales provinciales..

Dirigentes radicales y juecistas quisieron ver la mano del delasotismo la polémica de la Justicia Federal como un intento de desviar la atención, pero el fuego atraviesa transversalmente a los hombres de la Justicia. El fiscal general federal Alberto Lozada, en un reportaje radial concedido al periodista Miguel Clariá, afirmó en una extraña mezcla de candidez con imprudente sinceridad, que a veces las diferencias entre funcionarios judiciales son por posiciones políticas, aún dentro de “ la misma fuerza” algo que nadie se había atrevido a manifestar.

Por estas horas, en el Gobierno provincial la preocupación es saber dónde termina este escándalo, dinamitados los puentes con la Justicia Federal, no tiene forma más o menos certera de saber donde concluirá. “Esto está pareciendo un bolsillo de payaso”, dijo la semana pasada un operador judicial del delasotismo. El diputado nacional Oscar Aguad puso el dedo en la llaga, al afirmar que el Gobernador no conocía lo que pasaba o lo que es peor es un acto de indolencia. El explosivo discurso del ex jefe de Policía Ramón Frías en el sepelio del agente Juan Alós, contaba con el visto bueno de El Panal, porque el jefe de Gabinete Oscar González había sido informado que nada podía rozar a la Policía. La causa encarceló a varios policías, se llevó al propio jefe y a un ministro con dos allanamientos a la Jefatura de Policía incluidos.

De la Sota enfrentó la crisis sin información o quizás peor aún con una información inexacta. Por primera vez desde que ejerce el Gobierno provincial siente que no controla todo lo que sucede en la Policía, el estar abocado a la carrera presidencial comienza a generar los primeros costos. El trascendido periodístico de que el ahora detenido ex jefe de la División Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, habría incriminado a otros uniformados hizo trinar los teléfonos del oficialismo, incluso entre algunos que desde hacía dos semanas no tenían contacto. Fue tal el estrépito que el propio Sosa, desde la cárcel salió aclarar que no había incriminado a nadie.

Un dicho en política dice que para esconder un elefante hay que soltar 100 elefantes. Quizás eso vieron radicales y juecistas cuando comenzó la polémica en los Tribunales Federales, pero ahora, todos tienen la sensación que tras las denuncias, los elefantes se soltaron solos.

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