domingo , 17 de noviembre, 2019

Nota de opinión para INC, por Jhon Boretto

ES NECESARIA UNA NUEVA LES QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA AMPLIA A LAS UNIVERSIDADES

Por Jhon Boretto, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Para aquellos que desde jóvenes transitamos el sendero del reformismo, la Ley de Educación Superior aprobada durante la década de los ’90 representa un grave obstáculo para la concreción del modelo de Universidad con el que soñaron los estudiantes cordobeses de 1918.

A su vez, constituye una deuda pendiente de todos los gobiernos que sucedieron al menemismo en los últimos dieciséis años. Tan solo sobre el filo del fin del mandato del último gobierno se introdujo en la LES dos reivindicaciones de larga data: la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto de los estudios de grado.

Sin embargo, la descoordinación entre las autoridades nacionales y las respectivas Universidades provocaron que la recepción de dicha reforma se dé bajo un manto de desconcierto y falta de planificación para la real aplicación de las modificaciones.

Si bien celebramos que esos dos preceptos se encuentren finalmente cristalizados en la legislación, estamos convencidos de que aun existe un largo camino por recorrer, hasta concretar una nueva ley integral, que nazca y se nutra de la expresión del verdadero espíritu que late en nuestras Universidades Nacionales.

Para ello, es preciso que uno de los pilares que sustente el nuevo andamiaje legal sea la autonomía universitaria, en la amplia acepción de este concepto. Por un lado, una nueva ley que rija sobre las Universidades debería blindar a las mismas de posibles intromisiones distorsivas de los distintos niveles de gobierno en sus procesos de toma de decisiones.

Es menester aclarar que esto no significa encerrar a la Universidad en una burbuja aislada de las realidades y necesidades de la sociedad que la sostiene, ni evitar las necesarias instancias de articulación y coordinación.

Por otra parte, debería garantizar también la suficiente libertad para que cada Casa de Estudios adopte para su gobierno y organización interna los modelos, normativas y estructuras que mejor se adapten a su idiosincrasia y transcurrir histórico.

Finalmente, la ley debería lograr que las Universidades actúen de manera “prescindente en materia ideológica, política y religiosa”, tal cual postula el artículo IV del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comprendiendo que la Universidad “no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente”.

Además, apostamos a una ley que potencie el involucramiento de los estudiantes de grado y posgrado en la investigación y en la extensión tanto como en la enseñanza, entendiendo las tres funciones universitarias como distintas dimensiones de un mismo proceso de generación y difusión del conocimiento, que deben necesariamente estar íntegramente relacionadas.

Para que estos objetivos logren plasmarse en una nueva Ley, ésta debe surgir de una profunda discusión de todo el amplio espectro de actores que conforman la comunidad universitaria. Un desafío de gran magnitud, que estamos dispuestos a enfrentar.

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