domingo , 17 de noviembre, 2019

El Gobierno ayuda a municipio con $6.000 millones para pagar sueldos y aguinaldos

La “Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, dispuso otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones”.

Se trata de $5.979 millones que se canalizarán en su mayor parte a través de la Administración de la Seguridad Social, $4.500 millones, la Tesorería $1.129 millones y el Servicio de Defensa y Seguridad los $350 millones restantes.

Una vez más, ante las limitadas disponibilidades financieras generada por la vía del cobro de impuestos, la Jefatura de Gabinete acudió al auxilio de las cajas de la ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad $1.290 millones y de anticipos de la rentas estimadas del Banco Central $1.479 millones, así como la venta de títulos públicos por $1.330 millones y sólo $550 millones con el aumento de los ingresos genuinos que registró la ANSES.

Pero esas fuentes no resultaron suficientes para cubrir las necesidades de fondos del Gobierno central del conjunto de administraciones municipales. De ahí que se decidió elevar el rojo fiscal del año en 1.330 millones de pesos.

Que resulta necesario establecer políticas y acciones de Estado que permitan fortalecer los niveles subnacionales de mayor descentralización estableciendo las debidas facultades para poder implementar mecanismos de asistencia económica y financiera destinados a mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión por parte de los gobiernos municipales.

De este modo, asegura la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Juan Manuel Abal Medina, que se podrán evitar demoras en las acciones de esas jurisdicciones correspondientes al Ejercicio Presupuestario 2012 “ante la falta de una rápida respuesta a los requerimientos presupuestarios, que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus acciones”.

De lo contrario, no podían “atender los compromisos asumidos por las mismas, corriendo el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado y de no estar en condiciones de atender sueldos, salarios y pasividades”.

Fuente: Infobae

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