domingo , 18 de agosto, 2019

Economía pedirá que la Cámara revise el fallo en contra

El tiempo es oro para el Gobierno en la batalla legal contra los fondos buitre.

Por lo que en el Ministerio de Economía tienen previsto aprovechar cada una de las instancias procesales que contempla la justicia norteamericana, más allá de que, de antemano, los especialistas privados advierten que el país tiene muy pocas probabilidades de éxito.

Según confiaron fuentes oficiales, hoy los abogados de la Argentina presentarían ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos la solicitud de revisión del fallo que, hace 14 días, favoreció al fondo NML. La Cámara confirmó exactamente hace dos semanas la sentencia del juez de primera instancia, Thomas Griesa, que, en pocas palabras, estableció que el país debía pagarles a los holdouts la deuda de U$S 1330 millones, aunque suspendió la ejecución del fallo a la espera de que la Corte Suprema defina si acepta o no tratar el caso argentino.

Los abogados de la Argentina también podrán presentarse a la Cámara de Apelaciones para que revise el fallo “en banc”, esto es, después de que todos los miembros que componen el tribunal de segunda instancia den su opinión sobre el caso.

LA NACION intentó ayer comunicarse vía mail con voceros de Economía para confirmar las siguientes acciones del Gobierno, pero no recibió respuesta alguna.

Según los pasos procesales de la legislación norteamericana, una vez que la Cámara de Apelaciones niegue la revisión “en banc” o en pleno, la Argentina luego tendrá 90 días para apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Se estima que este paso podría darse recién a fines de diciembre o incluso a comienzos del año próximo, ya que la Cámara de Apelaciones no tiene un plazo definido para dar una respuesta en cuanto a la revisión en pleno. “Es posible que el Gobierno tenga plazo incluso hasta 2015”, aventura Anna Gelpern, profesora de la American University Washington College of Law, que viene siguiendo de cerca el caso argentino. “Porque la Corte Suprema no decide en el mismo instante de la apelación, sino que hay más partes involucradas. Todo el proceso puede llevar tiempo”, dijo a LA NACION.

De acuerdo con el estudio Shearman Sterling, con base en Nueva York, los holdouts tendrían un plazo de 30 días desde que la Argentina se presente ante la Corte Suprema, para presentar su escrito en oposición. Luego, el gobierno argentino tiene otros 14 días para dar su respuesta y nuevamente presentar argumentos en favor. La Corte Suprema finalmente se toma un plazo para dar su fallo definitivo.

“Creo que cualquier apelación en el Segundo Circuito va a fracasar”, advirtió, no obstante, Gelpern. “Lo de la Corte Suprema es improbable también, pero en esta instancia hay más factores en juego y es difícil anticipar a ciencia cierta qué puede suceder”, aclaró.

Para Gelpern, la estrategia de la Argentina de ofrecerles a los tenedores de títulos con legislación internacional la posibilidad de cambiar sus bonos por otros de ley argentina (y que pueden así quedar fuera de posibles embargos de la justicia norteamericana) es “monumentalmente arriesgada”, ya que podría acelerar los tiempos de la Corte Suprema.

“Más allá de que implementen esta operación hoy o en el futuro, es un tecnicismo. Parecieran estar diciendo que, cualquiera sea lo que la Corte decida, no lo van a aceptar, al mismo tiempo que le están pidiendo a la Corte que les dé más tiempo”, ilustra Gelpern. Tal como anticipó LA NACION, la agencia estatal Télam confirmó que, en realidad, el canje de bonos reestructurados de ley extranjera por ley argentina no se implementaría inmediatamente, sino que se resolvería a posteriori de la decisión de la Corte Suprema respecto de si acepta o no tomar la apelación efectuada por la Argentina.

 

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