domingo , 17 de noviembre, 2019

Docentes de Córdoba piden que se derogue el ajuste de la Caja

Los docentes provinciales nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) presentarán en los próximos días un pedido formal al gobernador José Manuel de la Sota para derogar la ley 10078, de Fortalecimiento del Sistema Previsional, que, entre otros puntos, incluye la implementación de un diferimiento de 180 días en los pagos de los aumentos a los pasivos respecto a los trabajadores activos.
Paralelamente, solicitarán que la Provincia retome la mesa de diálogo con los gremios y también con el Gobierno nacional. En este último caso, plantearán la posibilidad de avanzar en una “armonización” con el régimen nacional para el sector docente, ciertamente más beneficioso que el provincial, más aún con la vigencia del pago de los aumentos a plazo, operativo desde agosto del año pasado.
La “movida” fue confirmada a Comercio y Justicia por el titular de la UEPC, Juan Monserrat, y se enmarca en la estrategia gremial para morigerar los impactos del ajuste para un sector que hoy representa a 30.028 jubilados y pensionados provinciales, 32,3 por ciento del total de pasivos que tiene la Caja.
El objetivo se apuntala con la reciente designación como asesor del Ministerio de Finanzas de Néstor Lezcano, referente del gremio, quien, junto con el representante del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Gustavo Luna, fueron nombrados “veedores” de los sindicatos en el organismo previsional.
“Estamos recolectando firmas para presentar un pedido formal al gobernador De la Sota para que se deroge la 10078”, señaló Monserrat a este medio. La idea es reunir 10.078 firmas, número simbólico coincidente con el de la ley que habilitó el diferimiento.
Pero más allá de ese planteo y de la posibilidad de reabrir el diálogo con la Provincia por el tema del ajuste, el dato novedoso es la estrategia para “armonizar” con el régimen nacional, la cual, a priori, resulta contradictoria respecto a los pedidos para evitar el ajuste que impulsa la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para el régimen previsional cordobés, que en realidad no lo es para el régimen docente.
Ocurre que desde 2005, el ex presidente Néstor Kirchner reflotó la ley 26016, un régimen ciertamente ventajoso no sólo respecto del resto de los pasivos nacionales sino también de los jubilados y pensionados de Córdoba.
Esa ley incluye, además de las perrogativas propias de los educadores -como una edad jubilatoria menor que la del régimen general y aportes por un mínimo de 25 años-, el pago del 82 por ciento móvil con una dinámica atada al sueldo de los activos y, lo que es aún más importante, con la posibilidad de jubilarse con el último cargo como activo y no con un promedio de los últimos 48 meses.
En el caso de los activos, el descuento es de 13 por ciento -frente al 18 por ciento en Córdoba-. La idea de la UEPC es que, en el marco de exigencias cruzadas entre la Provincia y la Nación, Córdoba entable conversaciones con Anses para “armonizar” con la ley nacional, particularmente en lo referido al cálculo del haber inicial.
Monserrat evitó precisar fechas para la presentación del documento al gobernador De la Sota aunque puede ser en los próximos días. En tanto, fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por este medio admitieron que el régimen nacional docente es más beneficioso que el provincial. De todas formas, señalaron que habilitar esos beneficios sería impensado, salvo que la Nación girara partidas específicas.
En cuanto a la derogación de la 10078, descartaron de plano esa posibilidad al menos mientras no haya alguna decisión de la Corte Suprema respecto al planteo judicial efectuado por Córdoba (ver Corte Suprema…). Según el informe previsional de abril, el haber promedio de un pasivo docente provincial se ubica en 7.256 pesos, levemente por debajo de los 7.610 pesos de los 92.904 pasivos que tiene la Caja de Jubilaciones.

 

 

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