miércoles , 11 de diciembre, 2019

Dejan sin efecto multa y clausura de la Afip

La Cámara Federal confirmó lo resuelto en primera instancia, al entender como una “irracionalidad inadmisible” sostener la sanción del ente fiscal.
Al dejar sin efecto una sanción de multa y clausura de un establecimiento comercial, confirmando lo resuelto en primera instancia, la Cámara Federal de Córdoba observó que “la resolución dictada por el inferior se adecua al principio de proporcionalidad que debe regir toda imposición de sanción en contra de una persona de existencia física o ideal, cuando la misma tiene valor pecuniario en el caso de la multa o, como en el caso de autos, produce efectos económicos con el cierre por clausura de la actividad comercial (…), por ello, hacer lugar a la pretensión de la AFIP implicaría acoger una irracionalidad inadmisible”.
“En primer lugar -determinó el fallo-, cabe destacar que el art. 40 de la Ley 11.683, dentro del cual se pretende encuadrar el accionar del contribuyente, establece que‘Serán sancionados con multa de trescientos a treinta mil pesos y clausura de tres a diez días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que se trate exceda de diez pesos, quienes: a) no entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o prestación de servicios que realicen”.
En el caso de autos, funcionarios de AFIP constataron que la contribuyente, en su condición de responsable inscripta en IVA, no ha emitido factura, ticket o documento equivalente por las operaciones de ventas en cuenta corriente. Por su parte, la contribuyente reconoció la materialidad de la infracción y manifestó que por problemas eléctricos internos no pudo emitir el ticket en su momento, por lo que confeccionó dos facturas manuales y dos tickets cuyas copias adjunta, una vez solucionado el problema.
Ahora bien, “en virtud de la modificación introducida al art. 49 de la ley 11.683, la CSJN ha dicho que ‘…las facultades que la ley 11.683 otorga al juez administrativo, en especial las del art. 52 ‘in fine’ (hoy 49), se entienden como conferidas a los magistrados judiciales atento el carácter del recurso instituido por el art. 78 bis (hoy 78) de la ley 11.683, comprensivo de la revisión del acto administrativo sancionatorio y del control de legitimidad que le compete a los jueces ordinarios”, se dijo.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *