viernes , 13 de diciembre, 2019

Confirman un acuerdo con el Ciadi

La expectativa aquí es que “en los próximos días” comience “en jurisdicción argentina” el proceso por el cual el Gobierno pagará cinco fallos adversos a la Argentina, que en conjunto suman 500 millones de dólares, en favor de un total de cinco empresas de capital norteamericano y europeo que llevaron sus reclamos al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial (BM).
El compromiso alcanzado con esas empresas fue el disparador que activó la posibilidad de aspirar a líneas de crédito por 3000 millones de dólares del BM, hasta ahora bloqueados por la oposición de países como Estados Unidos, que reclaman la necesidad previa de que la Argentina “honrara sus compromisos” de pago.
De hecho, la intención es que 1000 millones de dólares de ese paquete puedan estar disponibles “no mucho más allá de fin de año”, distribuidos en dos créditos para programas destinados a financiar planes de inserción laboral y combate a la pobreza.
El BM no dio detalles de la operación. Tal como indicó LA NACION en su edición de ayer, sólo se limitó a informar sobre un “principio de acuerdo” con la Argentina para desbloquear programas de crédito.
Con el aval del vicepresidente de la entidad para América latina y el Caribe, Hadan Tuluy, y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el texto se limitó a informar que “los trabajos preparatorios” para la consideración de esos préstamos “se encuentra en su fase final”, antes de ser considerados por el directorio de la entidad. Pero los detalles se conocieron por fuentes familiarizadas con las tratativas que ayer aseguraron la “inminencia” de dos cosas. Por un lado, el proceso de pago a las empresas.
Por el otro, la posibilidad de acceder a los primeros desembolsos de préstamos “no mucho más allá” de que sean considerados por el directorio, posiblemente en diciembre.
El disparador de todo eso fueron los acuerdos que el Gobierno alcanzó con las empresas favorecidas por fallos en el Ciadi. Se trata de un monto de US$ 500 millones.
Pero el compromiso contempla que su pago se realice “solamente con títulos públicos ya existentes, con quitas del 25 por ciento sobre el monto fallado y con el compromiso de inversión en energía por el 10 por ciento de ese mismo monto”.
Fue un acuerdo en el que ambas partes trataron de mostrarse victoriosas. Las empresas en cuestión, porque logran el pago de los fallos que las favorecieron. La Argentina, porque lo hace en términos “ventajosos” y con respeto a la posición que tradicionalmente mantuvo de no efectuar los pagos en el extranjero, sino en jurisdicción nacional.
Según se entendió aquí, el acuerdo podría convertirse en el “esquema tipo” que podría aplicarse de ahora en adelante para eventuales fallos adversos que sufra el país en ese tribunal.
La posición ya había sido sentada por el ex embajador en esta ciudad, Alfredo Chiaradia. “La Argentina no desconoce los fallos y la obligación de pagarlos. Lo que sí sostiene es que eso debe hacerse de acuerdo con las normas del país”, afirmó en cartas explicativas a la administración norteamericana, que había iniciado presiones para reclamar el pago.
FALLOS FIRMES
Según recogió LA NACION, la negociación que encaró luego Lorenzino respetó a rajatabla esa posición. De hecho, la expectativa ahora es que “en pocos días” las empresas beneficiadas por los fallos “inicien el trámite de cobro en territorio de nuestro país”.
Se trata de las norteamericanas Azurix y Blue Ridge, quienes se llevan la mayor parte de la torta, con un reclamo conjunto superior a los 300 millones de dólares.
Las otras tres son la francesa Vivendi, junto con National Grid y Continental.
Con todas se llegó al mismo acuerdo: una reducción del 25 por ciento en el importe y el compromiso de comprar títulos para inversión en energía Baade por un monto equivalente al 10 por ciento del monto original del reclamo.
Los cinco casos contemplan fallos firmes sin posibilidad alguna de nueva revisión.
Sin embargo, sí parece haberse avanzado en el criterio del territorio de pago y en la fórmula con quitas, títulos públicos y compromiso de inversión.

(Fuente: La Nación)

 

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