miércoles , 16 de octubre, 2019

A partir del 7 de febrero AFIP podrá pedir datos fiscales a Uruguay

La AFIP podrá comenzar a pedir información fiscal a Uruguay a partir del 7 de febrero, según aseguró Pablo Ferreri, el director general de Rentas del país vecino. Esto se da en el marco del acuerdo alcanzado hace menos de un mes por el Congreso argentino.

El convenio permitirá al gobierno nacional solicitar a Uruguay los antecedentes impositivos y bancarios de sus ciudadanos con cuentas bancarias ante sospechas de evasión o lavado de dinero, pero existen varios limitantes a este procedimiento, condiciones impuestas por el gobierno de José ‘Pepe’ Mujica a la hora de autorizar la reforma financiera.

En primer lugar, al tratarse de un acuerdo “no retroactivo”, el intercambio no contemplará la información y los movimientos previos al 7 de febrero, y la AFIP deberá justificar ante su par uruguayo, la DGI, de que estos datos exigidos están relacionados con un proceso penal, y no sólo a una causa administrativa o de pago de tributos.

De cuentas bancarias, el organismo recaudador encabezado por Ricardo Etchegaray solo podrá solicitar saldos, mientras que cuando se trate de información de empresas, solo podrá acceder a los datos siempre y cuando sean de balances anuales ya cerrados.

Según establece el acuerdo, nuestro país podrá acceder a información de “bancos y otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos y fundaciones”.

Por lo tanto, están excluidas del convenio sociedades que cotizan en bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos, “a menos que dicha información pueda obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas”.

Sin embargo, la información que se exija no será entregada en el momento como sucede en otros países, sino que según lo dicta el arreglo bilateral, Uruguay cuenta con 60 días para notificar al país que solicitó la información, que su pedido no cumple con los requisitos establecidos, y 90 días para aclarar por qué no tuvo éxito en su búsqueda, o bien, entregar la información.

Los ahorristas argentinos se refugiaron durante décadas en Uruguay para protegerse de las turbulencias económicas en nuestro país, y beneficiarse de las normas sobre secreto bancario que allí rigieron históricamente, las cuales fueron reformadas a fines del 2010 para cumplir con estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La OCDE también había exigido a Uruguay la puesta en práctica de pactos de intercambio de información tributaria como condición para retirar al país de una lista de naciones con cuestionable nivel de transparencia y combate a la evasión.

Fuente: Infobae y Pais

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